La «Comisión Especial que investiga acosos que están sufriendo periodistas de diferentes medios de comunicación debido a su trabajo y línea editorial y el uso de recursos públicos en contra de opositores» emitió informe final sobre las audiencias con actores relacionados al caso.
«En El Salvador existe acoso, discriminación, insultos y maltrato a periodistas por parte del Órgano Ejecutivo; que existe bloqueo a información pública y acceso a funcionarios hacia medios de comunicación críticos a la actual administración», afirmó el Presidente de la Comisión, Emilio Coreas, sobre la conclusión de la instancia legislativa.
Según los diputados, las indagaciones con periodistas, comunicadores y editores de diversos medios como La Prensa Gráfica, El Faro, Gato Encerrado, El Diario de Hoy y Factum, revelaron una serie de conductas en las que se violentaron los derechos a libertad de expresión y de prensa, hechos que aseveraron se traducen en acoso a los periodistas.
Por lo que determinaron que entre los funcionarios que habrían cometido estos actos se encuentra el Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker; el Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria; y el Presidente de la República, Nayib Bukele; que, según el informe final, podrían adecuarse al delito relativo a la administración pública de los abusos de autoridad, tipificado como «actos arbitrarios» en el artículo 320 del Código Penal.
Asimismo, explicaron que se identificaron auditorías «arbitrarias» por parte del Ministerio de Hacienda al periódico El Faro debido a su líne editorial.
También establecieron que el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) ha influenciado a los medios de comunicación que están en proceso de extinción de dominio para adoptar una línea contra «opositores del Gobierno», lo que afirman es contrario a la sentencia de 2018 del Tribunal de Extinción de Dominio.
Además, los legisladores aseguraron que existen recursos para «atacar a periodistas» a través de los denominados troles, donde las mujeres que ejercen la profesión son las más afectadas.
Así también, determinaron que el bloqueo a información pública se identificó que en conferencias de prensa del Ejecutivo no se permiten realizar preguntas a algunos periodistas, sobre todo a los que pertenecen a los medios anteriormente mencionados.
Por lo que recomendarán a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los casos denunciados; así también, solicitarán a los funcionarios cesar los «ataques a periodistas y medios de comunicación».
Además, pedirán al Presidente Bukele interceder para permitir el acceso a la información pública a los medios.
Por otra parte, este informe será remitido a la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al Observatorio de Derechos Humanos (Human Rights Watch – HRW) y a comisiones de libertad de expresión de otros congresos.
Este informe pasará al conocimiento de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que pase a la próxima sesión plenaria y sea aprobado.
