Tras concluir el mes de noviembre, el Gobierno adeuda oficialmente a las 262 Alcaldías, siete meses del pago del Fondo de Desarrollo Económico y Social (FODES).
La Presidente de la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), Milagro Navas, manifestó este viernes que el atraso se traduce en $280 millones que han dejado de percibir las comunas. En este tema, señaló que hay un irrespeto a la ley y pidió a las autoridades recapacitar.
“Esto es grave, hay Alcaldías a punto de cerrar por las necesidades, el Gobierno no le hace daño a los Alcaldes, sino que a la misma población, hay gente sin trabajo, sin becas. Nosotros hemos acudido a las instituciones y sinceramente, la ley no está siendo respetada en el país”, lamentó la jefa edilicia.
De acuerdo con la ley FODES, el 10% de la recaudación del Estado, corresponde a un fondo, que asciende, según Navas a $41 millones por mes. Estos son distribuidos entre el nivel poblacional de los municipios.
Desde el mes de Septiembre COMURES interpuso varias solicitudes: En la Corte de Cuentas de la República, pidió auditar al Ministerio de Hacienda, por no transferir fondos parciales provenientes de un préstamo de $250 millones, que asciende a $75 millones; el 24 de Octubre, la gremial colocó una demanda de Amparo en la Corte Suprema de Justicia por vulneraciones a la ley y el financiamiento de obras para los municipios.
CCR: Hacienda contaba con los fondos para pagar FODES y salarios de la Asamblea
En la Fiscalía General de la República, los ediles interpusieron un aviso de investigación por el atraso del pago.
La Asamblea Legislativa aprobó dos dictámenes de una reforma al decreto 640 que permitió al Gobierno gestionar $1,000 millones en préstamos y una asignación presupuestaria de $354.2 millones para el pago del Fondo para el Desarrollo Social (FODES) que se adeuda por seis meses a las alcaldías, recursos a la contrapartida de FOMILENIO II, así como pensión a veteranos y excombatientes de guerra.
No obstante, el Presidente Nayib Bukele y el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, calificaron esta aprobación de ilegal, ya que no contó con la iniciativa del Ejecutivo.
¿Cómo lo aprobaron?
El decreto 640 establecía que el destino de los $1,000 millones serían para el programa del fideicomiso a empresas como recuperación económica ante el COVID-19 y el pago a proveedores del Estado.
No obstante, la reforma establece que en este monto también se podrán dirigir recursos al FODES, FOMILENIO II y la pensión de veteranos.
Luego de esta modificación, los diputados aprobaron el segundo dictamen sobre la asignación presupuestaria para estos rubros.
Esto, según los legisladores, con base a la solicitud de asignación presupuestaria que formuló el Ministerio de Hacienda de estos $1,000 millones conseguidos en con la emisión de bonos ante el mercado internacional.
Dentro de esta petición, Hacienda expuso que $645.8 millones se dirigirían al déficit aprobado en el presupuesto 2020 y los $354.2 restante serían parte del decreto 640; es decir, al fideicomiso y proveedores.
Por su parte, los parlamentarios consideraron que debido a que los fondos para el fideicomiso se consiguieron mediante colocación de $645.8 millones de deuda en Certificados del Tesoro del Gobierno de El Salvador (CETES) modificaron esta solicitud para dar una nueva asignación de recursos.
Gobierno señala ilegalidad
De acuerdo con el titular de Hacienda, la solicitud a la que hace referencia el Parlamento fue retirada en el mes de octubre, ya que no había sido aprobada y consiguieron fondos por medio de otra deuda para el fideicomiso.
Por lo tanto, asegura que no hay base legal.
Por su parte, el primer mandatario señaló que «es imposible de ejecutar», ya que no existe una asignación presupuestaria a este fondo.
Sin embargo, el 25 de agosto fue el Ministerio de Hacienda que pidió la asignación presupuestaria haciendo referencia al decreto 640.
Para los préstamos basados en el decreto 608; es decir, los $2,000 millones autorizados para que el Gobierno gestione para atender la pandemia de COVID-19, se necesitan tres aprobaciones legislativas, la suscripción de préstamo, la ratificación y la asignación presupuestaria.
En el caso del 640 de los $1,000 millones no se expuso esta metodología; no obstante, la colocación de referidos bonos solo tuvieron la autorización de suscripción de préstamos y hacía falta la incorporación al presupuesto, que fue la solicitud que había hecho Hacienda.
Hacienda solicitó asignación presupuestaria sobre los $1,000 millones en colocación de bonos
