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La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) presentó este martes en la Fiscalía General de la República, el séptimo legajo de documentos probatorios para robustecer la acusación contra Mauricio Funes y más funcionarios, en el caso conocido como Presa El Chaparral.
El Presidente de la CEL, Daniel Álvarez, aseguró que las 32 cajas, con al menos 1,600 folios cada una, fueron solicitadas por la sede fiscal para constatar los contratos nacionales e internacionales y licitaciones, que el ex mandatario del FMLN (2009-2014), junto al expresidente de la CEL José Leopoldo Samour, el empresario José Miguel Meléndez, mejor conocido como Mecafé y José Efraín Quinteros suscribieron para para extender el contrato con la empresa ASTALDI, a cambio de modificar el diseño de la obra.
«En ellas hay prueba documental, relacionada por ejemplo, del sitio original donde se iba a construir la presa», aseguró Álvarez, quien explicó que la empresa no cumplió con las estipulaciones contractuales para finalizar el proyecto, que derivó en pérdidas para el país.
El gerente legal de CEL, Orlando Quijano, explicó que los documentos presentados forman parte de otra investigación contra más implicados en la suscripción del contrato irregular. “Esta es una investigación diferente, a lo que conocemos del caso El Chaparral. En este caso, se busca determinar quiénes han tenido participación en hechos delictivos, si además de los hechos delictivos, hay delitos de corrupción, los responsables directos, y si hay responsabilidad penal para que enfrenten la justicia”, amplió.
Según la acusación de la FGR, se tuvo que entregar un nuevo desembolso de $108 millones, para continuar el proyecto, pero de este, $45 millones fueron a parar a los acusados, incluida la pareja de Funes, Ada Mitchell Guzmán, por medio de la canalización de fondos a empresas a su nombre.
Los delitos atribuidos son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y por cohecho propio (soborno) al representante legal de ASTALDI Mario Federico Pieragostini Marocchi, de origen italiano.
De acuerdo con el ministerio público, en la investigación se analizó y depuró la prueba ofrecida al inicio del caso, por lo que la acusación cuenta con 34 experticias, 112 evidencias, 1,252 documentos analizados y tiene 70 testigos que acreditan el hecho.
CEL celebra embargo a empresa ASTALDI por incumplir construcción de El Chaparral
Detalles
Germán García Arriaza uno de los fiscales del caso, explicó cómo se habrían llevado a cabo los hechos, de los que afirmó «había una planificación para cometer delitos».
El 26 septiembre del 2008 se realizó la contratación entre CEL y la empresa ASTALDI para el proyecto denominado construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, que se encuentra ubicada en San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
Este contrato por $219,900,509 se realizó en la modalidad de «llave en mano», lo que indica que no hay alteración del precio ni en el período de construcción, pero cualquier prejuicio en el desarrollo del proyecto debe ser cubierto por el contratista.
Sin embargo, ya en el periodo presidencial de Funes, la constructora presentó a CEL argumentos en el que señalaban imprevistos, como “movimientos geológicos” y “del cauce del río”, con lo que se pretendía justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional CURTIS, MALLET-PREVOST, COL & MOSTLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI, quienes recomiendan un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas.
Luego, CEL contrata a NOVOTEC para este peritaje, donde se emitió un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones ante realizar el arbitraje; sin embargo, José Miguel Antonio Menéndez “Mecafé”, ordenó a los asesores legales locales buscar un arreglo con ASTALDI y evitar el arbitraje.
En 2011 con el nuevo nombramiento de Leopoldo Samour como presidente de CEL, se ejecuta la orden de llegar a un acuerdo con la empresa, donde se pagó el monto de la obra ejecutada hasta el momento; es decir, $65,255,582; más 45 millones de dólares, que la FGR advierte no existía un fundamento legal. En total fueron $108,500,000 de desembolso.
Con Funes y Mecafé mueven dinero a Roma, Italia, y luego a Honduras y Venezuela donde tiene cuentas con ASTALDI, y con otras firmas representadas por esta empresa.
En 2012, Mecafé y Samour viajan a Panamá y adquieren dos «sociedades fachadas» que serían utilizadas para recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI al ex presidente Funes y Menéndez por el arreglo directo que benefició a la empresa por los más de $45 millones.
Mediante el acuerdo gestionado por Samour, la empresa entregaría 3.5 millones a las sociedades.
Para ejecutar los desembolsos, Mecafé y Pieragostini, representante de ASTALDI, y el testigo clave “Mateo”, elaboraron contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por ambas sociedades, que según la acusación fiscal, eran manejadas por Funes.
Luego, parte de estos fondos fueron utilizados para la construcción y funcionamiento de la franquicia de sociedades Latin America Spas, contruyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Funes, administrado por Ada Mitchell Guzmán.
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