Al considerar que el delito ya se establecía en el Código Penal, el Presidente Nayib Bukele devolvió vetada la Ley Especial contra el Tráfico Ilegal de Personas a la Asamblea Legislativa.
Referida normativa fue aprobada por los diputados el pasado 25 de marzo, misma que fue propuesta por la Fiscalía General de la República (FGR) en julio de 2019 y tuvo el agrado de la Embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, el mandatario aseveró después de la aprobación legislativo que la ley sería vetada por «criminalizar la migración».
Entre los efectos del nuevo marco legal, destacan las penas carcelarias por la comisión del delito: por tráfico ilegal de personas, cárcel de ocho a doce años; por la promoción de tráfico de cuatro a ocho años, por agrupaciones ilícitas dedicadas al tráfico ilegal de personas y el delito de obstaculización del debido proceso de tres a seis años.
Es decir, estas añaden a las personas que organizan caravanas de migrantes, «coyotes» y quienes ofrecen un viaje ilegal fuera de las fronteras.
Bukele señaló en su veto que existen casos en los que no se trata de un traslado forzado del migrante, sino que existe consentimiento.
Además, expuso que las penas presentan un aumento desproporcionado, relacionándolo con la sanción por tráfico ilegal de personas que tienen entre 6 a 10 años en el Código Penal, siendo la ley especial que lo eleva hasta a 12 años.
