Por: Redacción YSKL
Con 80 votos, la Asamblea Legislativa aprobó este martes, reformas a Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas.
Según los considerandos del proyecto de decreto, un 70% de la población no es sujeto a créditos, debido a que los bancos o negocios les han colocado una mala calificación financiera —a partir de la información que les venden las agencias que manejan datos crediticios de la ciudadanía— porque los burós no actualizaron de manera oportuna la información crediticia.
«Perseguimos principalmente la justicia financiera, ahora somos testigos del primer acto de justicia, esta ley ahora responde a las mayorías; esta semana vamos a estudiar reformas para verificar cómo se regula la contabilidad de intereses, por lo que llamaremos a la banca, cooperativas, aseguradoras y casas de cambio», indicó Dania González, Diputada de Nuevas Ideas.
Con las modificaciones que se realizaron, quedará establecido que los agentes económicos (negocios o bancos) podrán consultar los datos negativos de los consumidores o clientes del sistema de información de créditos correspondiente a los últimos tres años (y no desde hace 10, como se hace actualmente) contados a partir de la fecha de la consulta.
Entre los acuerdos aprobados por los diputados está el tiempo de entrega de un finiquito. Una vez cancelada totalmente la deuda que fue adquirida, el usuario deberá recibir ese documento en un máximo de siete días hábiles. Antes, este proceso tardaba hasta un año, tiempo en el que no se reflejaba la solvencia económica del usuario por carecer de actualización en la base de datos.
Por ello, los legisladores indicaron que en los estatutos de la ley se rige que los burós de crédito deberán poner al día los registros los primeros 10 días de cada mes.
«Con esta ley, estaban comparando a los salvadoreños que tenían deudas como criminales […] la ley dice que si tienes una deuda, caes en mora y entras a ese listado negro, y si la pagas, todavía quedas en ese listado un año, ahora le cambiamos que eso debe solventarlo las empresas que llevan el récord crediticio en siete días», precisó Romeo Auerbach, Diputado de GANA.
#SesiónPlenaria16✍🏻 Con 80 votos a favor, reformamos la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas. pic.twitter.com/AmHfXKVJLs
— Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) August 18, 2021
De acuerdo al Decreto, por las multas graves que ejecuten estas empresas -dedicadas a integrar datos y proporcionar información sobre el historial de créditos vigentes o activos, cancelados o inactivos de las personas y empresas- se implementará una base de 100 hasta 800 salarios mínimos.
Faltar a esta normativa se calificará como muy grave y contempla la sanción de 120 salarios mínimos, en caso de no borrar el récord negativo.
En un primer momento, las infracciones graves serían castigadas con 40 salarios mínimos y las muy graves con 80, pero los legisladores las incrementaron para hacer responsables a estas empresas.
Según lo expuesto en el pleno, si una de estas empresas incumple la normativa se clasificarán como “graves”, que serán castigadas con multas que van desde los 100 hasta los 600 salarios mínimos, y como “muy graves”, que contemplan sanciones que abarcan desde los 120 a los 800 salarios mínimos.
«Antes como existía el techo de cero a doscientos salarios mínimos, venían las instituciones de los Gobiernos pasados y ponían multas de cero salarios mínimos; ahora eso se terminó», matizó Auerbach.
En caso de existir una reincidencia en las infracciones -lo máximo serán tres- se cerrará operaciones de esa empresa, indicaron los diputados.
Para ello, la Defensoría del Consumidor deberá supervisar -sin previo aviso- a estas empresas cada tres meses, pues será uno de los entes regidores.
Además, con estas reformas, no solo la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tendrá acceso a estas bases de datos, sino que también el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Consumidor, para aplicar las sanciones.
Las compañías deberán implementar mecanismos tecnológicos que contribuyan a facilitar el acceso a la información y que sean amigables con el usuario a efecto de que pueda tener acceso en tiempo real a consultas de su historial crediticio.
Adición del artículo 23, una herramienta para denunciar
La comisión estudió modificar 23 artículos y agregar uno -precisamente el número 23- con el que se podrá emprender demandas contra las administradoras de los registros.
También deberán tener al menos una oficina de atención por departamento, con horarios hábiles, atendiendo seis días a la semana. La ley exigirá colocar puntos de consulta exprés y oficinas en donde se pueda resolver los problemas que traten sobre el historial crediticio. Estas últimas deberán estar distribuidas en la zona occidental, central y oriental del país.
“Habrán 14 puntos de consultas y tres oficinas para resolución de quejas. Esto es para que la población pueda ser atendida como se debe y sepa cómo está su información de manera actualizada”, aseguró el diputado William Soriano.
Actualmente, en el país hay tres empresas dedicadas a la acumulación de datos crediticios: Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED).
