Jóvenes encuestados: Estado no cumple con su deber garante de derechos humanos y descalifican efectividad del Plan Control Territorial

Ejército. Foto: Cortesía.
Ejército. Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

El Centro de Investigación Juvenil (CEIJUVE) de la Asociación de Jóvenes Líderes Solidarios y Voluntarios de El Salvador, presentó este martes los resultados del estudio sobre la situación de derechos de este sector de la sociedad, en lo que va del año 2021.

2,500 jóvenes que residen en El Salvador evaluaron las áreas de empleo, educación, seguridad, derecho a la vida, el derecho a no migrar y la participación política. Además, calificaron la respuesta de las instituciones públicas encargadas de la promoción y garantía de las personas jóvenes.

Las prioridades de atención que exige este grupo poblacional, de acuerdo al estudio son: Generación de empleo, calidad en la educación, preservación de medio ambiente, promoción de derechos de los jóvenes y seguridad.

Moisés Majano, Coordinador del Programa, explicó que el estudio se realizó entre los meses de mayo a julio del 2021, este revela que del millón quinientos noventa y un mil jóvenes están en la disposición de trabajar (según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2020), pero solo novecientos catorce mil diecisiete jóvenes están trabajando u ofertando su fuerza laboral.

“El 71.8% de la población joven se encuentra desempleada. Mientras que el 28.2% de la población joven que trabaja, un 20% se encuentra dentro del sector informal; sin embargo, medir la informalidad en El Salvador es sumamente complicado y casi imposible, porque el Estado no cuenta con las herramientas para medir la economía informal, así que es posible que el porcentaje puede ser mucho mayor”, explicó el experto.

El informe destaca que el 45.1% de la población joven obtiene ingresos mensuales entre $100.00 y $400.00.

Educación

En cuanto a Educación, el 46.3% de la población afirma que la migración del formato presencial al virtual ha sido “muy complicado o complicado”; el 77.6% señala que la mayor afectación de la migración de formatos es la mala metodología del sector docente a todo nivel. De igual manera, el 15.8% de los estudiantes se retiraron de las clases, entre las razones se relacionan a la brecha digital y la imposibilidad de seguir pagando mensualidades.

Seguridad

El 30% de la población joven afirma ser víctima del accionar al margen de la ley de las fuerzas de seguridad; 53.6% considera que el papel del Plan Control Territorial “es muy malo o malo”. El 77.9% de los encuestados dijeron sentirse “muy insegura o insegura de salir de casa”.

El 92.8% ha sido víctima de un tipo de violencia y el 79% dice sentir afectaciones psicológicas por la violencia, señaló Claudia Mercado, también investigadora del Programa de Jóvenes.

“El 85.2% considera que el Estado no cumple con su deber garante de derechos humanos, en específico de las personas jóvenes”, remarcó.

El pulso ciudadano también midió la participación política: 86.7% de la población señala que el Estado “ni garantiza la participación, ni el ejercicio ciudadano efectivo”. Sin embargo, el 54.8% de la población encuestada desconoce sus derechos como personas jóvenes.

El 75.6% ha considerado migrar a otro país, por condiciones económicas y en segundo, por la violencia. El 63.3% dijo que “no pueden tener a corto, mediano o largo plazo una vida digna” en el país.

Los efectos de la pandemia fueron preguntados, la especialista dijo que el 80% de la población afirma que no ha contado con proceso psicológico posterior a la cuarentena, «a esto sumémosle efectos como el confinamiento, la ansiedad por ser llevados a cuarentena, las medidas de restricción y la falta de ingresos».

Repuesta institucional

Al evaluar el desempeño del Gobierno, el 28.8% lo califica de “muy malo” y un 30.9% de “malo”.

En lo que atañe al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) en los últimos 24 meses, el 33.9% afirmó desconocer a la institución y su trabajo, mientras que un 22.7% lo evaluó como “muy malo”, 16.18% como “malo” y un 20.3% como “regular”.

El INJUVE cuenta con un Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) que vela por el desarrollo de proyectos a este sector; un 53.3% dijo desconocer la existencia de esta entidad y su trabajo.

Los que sí saben de su gestión, el 12.4% calificó su desempeño como “muy malo”, un 11.2% de “malo” y un 17.9% de “regular”.

En cuanto a la Asamblea Legislativa, el 43.3% califica su desempeño de “muy malo” y 28.2% como “malo”.

Las Alcaldías también fueron cuestionadas: El 83.1% de la población joven, considera que no han orientado esfuerzos encaminados a solventar las necesidades de las personas jóvenes.