Purga de jueces y fiscales en El Salvador impactará la administración de justicia, advierten Comisión de Derechos Humanos y Relator de Independencia Judicial de la ONU

Diego García Sayán, Relator para la Independencia Judicial de la ONU.
Diego García Sayán, Relator para la Independencia Judicial de la ONU.

Por: Redacción YSKL

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, rechazaron las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en El Salvador, debido a que irrespeta las garantías para la independencia judicial y de la fiscalía.

Así lo dieron a conocer este martes 7 de septiembre, en un comunicado en donde exhortan a la Asamblea Legislativa –que aprobó la depuración de 176 jueces y fiscales mayores de 60 años o con 30 años de carrera- a retroceder en su empresa y restaurar el orden constitucional.

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“Preocupa a la Comisión y al Relator Especial de ONU la aprobación de tales decretos que afectan severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia”, expresa el pronunciamiento, asimismo alertan que estas modificaciones “realizadas de manera expedita y sin espacios de consulta con los órganos directamente afectados” podrían “impactar tanto en la administración de la justicia y el derecho a la protección judicial de las personas en el país, como en los derechos y garantías de las personas operadoras de justicia”.

Adicionalmente, ambos organismos toman nota que para elegir jueces y magistrados de la Corte, deben seleccionarse a partir de listados que provengan del Consejo Nacional de la Judicatura; el cual debe, a su vez, observar los requisitos y proceso establecidos para ingreso en la carrera tanto en la constitución como en la Ley de la Carrera Judicial.

La Comisión Interamericana y el Relator Especial de la ONU urgen al Estado a asegurar que la jubilación anticipada constituya “un derecho de las personas operadoras de justicia” y “no una imposición”.

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