Por: Redacción YSKL
El Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (ALAC), solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Magistrados que designó la Asamblea Legislativa el pasado primero de mayo, de conformidad al Artículo 240 inciso 3 de la Constitución y 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito.
La solicitud, interpuesta el 16 de agosto del 2021, por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial (UAIP), requería que los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, Óscar Alberto López Jerez, Elsy Dueñas Lobos, José Ángel Pérez Chacón, Luis Javier Suárez Magaña y Héctor Naúm Martínez García, entregaran sus declaraciones.
El 3 de septiembre del 2021, la UAIP afirmó que Probidad les había notificado que no han podido presentar la información porque tienen en trámite 5,665 expedientes de declaraciones que no han sido revisados, debido en parte a la pandemia del COVID-19 e infirió que contestar solicitudes de acceso a la información «se interrumpe la atribución que por mandato de ley corresponde».
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«Se entregarán las declaraciones juradas de patrimonio requeridas una vez se digitalicen las cifras patrimoniales, se analicen a fin de verificar si la información proporcionada por los declarantes es verídica», informó en memorándum la dependencia judicial y aclaró que «no se está negando la entrega de información».
ALAC informó que esta sería la segunda gestión que se realiza a la oficina sin que se tenga respuesta por parte de Probidad. La primera solicitud se presentó el 21 de mayo de este año, solo días después que los Magistrados asumieran el cargo. La respuesta que brindó Probidad fue un símil a esta última: Su capacidad había sido rebasada y se les «dificultaba» entregar la información.
