El imputado, Eduardo Domingo Call Imberton, uno de los señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de la contaminación ambiental en el caso de la Fábrica de Baterías «Récord» en San Juan Opico, habría accedido a un procedimiento abreviado si recibía la pena mínima, según el fiscal del caso.
El Juzgado 1º de Sentencia de Santa Tecla inició este lunes el juicio contra Call bajo los delitos de Contaminación Ambiental Agravada, que implica una pena entre 6 a 10 años de prisión, y Lesiones Agravadas, que puede ascender a los 8 años de cárcel.
Se necesitan $60 millones para resolver el problema de contaminación de la antigua fábrica de baterías en San Juan Opico, según Ministro
El caso es relativo a la contaminación por plomo en el Sitio del Niño, causando daños a trabajadores y población de la localidad. Los datos señalan que aun aproximado de 369 extrabajadores de la Fábrica se les detectó plomo arriba de los 70 microgramos, también sufrieron daños cerca de 7 mil 250 personas, que habitan en las seis comunidades aledañas.
La defensa y la Fiscalía llegaron a un acuerdo y fue planteado al juez en la vista, el cambio de tipificación de delito contra Call, administrador de la empresa, para que pase a Contaminación Ambiental Culposa, de una condena entre 1 a 3 años de prisión (que puede ser cambiada a trabajo comunitario) y Lesiones Culposas, que puede ser conciliable.
Domingo Call también enfrentaría una responsabilidad civil.
La audiencia fue suspendida y se retomará el jueves 14 de octubre a las 8:30 de la mañana, luego que el juez valore lo presentado por las partes y espera contar con la mayor parte de las víctimas, que hasta el momento suman 65 en el proceso.
En 2018, tres implicados fueron absueltos de cargos penales por el delito de lesiones culposas, Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Marenco Carballo y José Edgardo Brito, extrabajadores, pero se les condenó en acción civil a cancelar a 52 víctimas $195.31, que suma un total de $10,156.12.
La fábrica fue cerrada en 2007 por orden del Ministerio de Medio Ambiente y hasta 2010 se declaró estado de emergencia por la contaminación ambiental en el lugar; el caso se judicializó hasta 2015.
