El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) enfrenta una multa de $600,000 por la falta de servicio, según el Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera.
No obstante, el Sitramss apeló y está en evaluación.
«No estamos en contra de un sistema, pero en nuestro país queremos que las leyes se respeten», dijo a YSKL.
El Sitramss paró labores desde el cierre a nivel nacional por la pandemia de COVID-19; pero en agosto de 2020 cuando el transporte fue autorizado a volver a circular, estos no retomaron el servicio.
El tema se volvió polémico cuando trabajadores aseguraron que no les habían dado indicaciones de cuándo volver y que la prohibición provenía del Viceministerio de Transporte (VMT).
Uno de los aspectos que manifestó el Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, en ese momento, es que el Sitramss tenía como problema es que sus unidades están adecuadas para que la mayor parte de los usuarios viaje parado, lo que aún no estaba permitido por las medidas de bioseguridad contra el COVID-19.
SITRAMSS inició operaciones en diciembre del 2013, con la inversión de dos empresas (SIPAGO y SUBES) con fuertes vínculos con el FMLN, entonces Gobierno de turno. Para ello, se compraron varias unidades articuladas conocidas como BTR (en inglés, bus rapid transit), y para circular se dispuso de la segregación de dos carriles, que van desde el Boulevard del Ejército en Soyapango, pasando por la Alameda Juan Pablo II, hasta el Monumento al Divino Salvador del Mundo.
El proyecto según se anunció en el momento costó $45 millones de dólares, pero en Junio de 2019, la Sala de lo Constitucional declaró improcedente el uso del carril, dado que el Gobierno de izquierda se saltó la autorización de la Asamblea Legislativa, la cual por Constitución, es el único Órgano de Estado que puede avalar la concesión de bienes públicos y estatales.
En su resolución, la Sala dio un año plazo a la Asamblea para que los diputados decidan sobre la concesión, o no, de la exclusividad en el uso del carril. También tendrán que hacerlo respecto de las terminales que componen el SITRAMSS.
«El tema del BRT o SITRAMSS, es la cara de la corrupción del FMLN. Ellos prácticamente le dieron de dedo a esta empresa, todo tipo de servicios, sin una concesión […] bueno pero si no la quiere pagar que la pague el FMLN», agregó Rodríguez.
