El Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), José María Tojeira, dijo que se mantienen a la «expectativa» sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de reabrir el caso de la Masacre de Jesuitas.
En octubre de 2020, la Sala de lo Penal dictó sobreseimiento definitivo a favor de exmilitares, Juan Orlando Zepeda y Francisco Herrera Fuentes, acusados de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras en 1989, cerrando así el caso.
La Fiscalía apeló contra dicha decisión ante la Corte Plena.
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“Vamos a ver qué pasa. Llevamos 32 anos trabajando el caso. Ha habido avances, retrocesos, momentos de negación de acceso a la justicia, esto significa una opción actual de la Fiscalía sin consulta con las víctimas, que somos nosotros”, expuso Tojeira.
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«En los tiempos actuales no hay mucha seguridad de cómo va a actuar este sistema judicial plagado de corrupción, a pesar que dicen que querían limpiar de corrupción con una medida absurda como la jubilación obligatoria, porque no lo ha entendido el Presidente de la Corte Suprema, pero la ley pone obligatoria, no fue contra la corrupción sino contra la independencia judicial», agregó.
La UCA ya había denunciado ante Fiscalía a dos jueces de la Sala de lo Penal por el delito de prevaricato en la resolución emitida en octubre en la que ordenó el cierre del proceso penal sobre la masacre de de los jesuitas españoles en 1989 en referida casa de Estudios en el marco de la Guerra Civil.
La denuncia fue contra los magistrados José Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval; sin embargo, a la fecha no se conoce un avance en la investigación.
El Proceso Penal – su origen y su cierre
En el año 2,000, luego de la Ley de Amnistía declarada en 1993, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) del sacerdote Jesuita José María Tojeira contra los autores mediatos o intelectuales de la masacre; entre estos, el expresidente Alfredo Cristiani y militares que se desempeñaron como funcionarios en cargos de ministros, viceministros.
De acuerdo con la FGR, el hecho no se podía investigar por la Ley de Aministía; Tojeira interpuso un recurso de revocatoria a esta decisión, también se interpusieron demandas de inconstitucionalidad a referida ley; la Sala de lo Constitucional se pronunció e indicó que no había infracciones a la Constitución, pero los jueces debían considerar cada caso concreto en caso hubiere una excepción. Por lo tanto, la Fiscalía presentó el caso el 23 de octubre de 2,000 ante el Juzgado Cuarto de lo Penal, ahora Juzgado Cuarto de Instrucción; no obstante, el juez declaró sin lugar la investigación solicitada.
El caso fue cerrado.
Reapertura en 2018
En 2016 se declara inconstitucional la Ley de Amnistía y se retoman casos, como el de la Masacre de los Jesuitas y sus autores intelectuales.
En 2018, el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador declaró sin lugar el sobreseimiento definitivo que se dictó en el año 2,000 a favor de referidos imputados.
Interponen recursos contra esta decisión ante la Cámara Tercera de lo Penal, misma que ratifica la reapertura del caso.
No obstante, interponen recurso de casación ante la Sala de lo Penal ese mismo año.
Este mes de octubre el máximo tribunal en materia penal confirmó el sobreseimiento definitivo de los exmilitares y expresidente, a quienes se acusaba de ser autores intelectuales del asesinato de los seis sacerdotes y sus colaboradoras; por lo que no habría opción a la reapertura del caso.
Los acusados
Los militares René Emilio Ponce (falleció en 2011), era Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada; Juan Rafael Bustillo, era comandante de la Fuerza Aérea; Inocente Orlando Montano, exviceministro de Seguridad; Juan Orlando Zepeda Herrera, miembro de “La Tandona» y exviceministro de Defensa; Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería en San Salvador; Rafael Humberto Larios López, General y era Ministro de Defensa; así como el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard.
Se les atribuía el delito de asesinato, Art. 154 del Código Penal derogado (1973) en perjuicio de las víctimas Ignacio Ellacuría de Beascoechea, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López, Armando López Quintana, Julia Elba Ramos y Celina M.
