La audiencia preliminar contra los empleados del Ministerio de Salud por el homicidio de dos militantes del FMLN en un ataque a una caravana el pasado 31 de enero, con la que se define el paso a juicio, fue suspendida este martes y reprogramada para el próximo 8 de diciembre.
Según fuentes judiciales, se debe a que la jueza está enferma.
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No obstante, ya había una petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de reprogramación para que un perito tradujera el informe del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre la prueba disponible, ayuda externa que fue solicitada por el entonces Fiscal General, Raúl Melara.
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Miembros del FMLN fueron atacados a balazos el domingo 31 de enero, tras el desarrollo de un mitin municipal, en las cercanías de la sede de este instituto político, ubicado en la Tercera Calle Poniente de la Jurisdicción de San Salvador; los acusados son empleados del Ministerio de Salud, agente de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) de la Policía Nacional Civil (PNC), Diego Francisco Alvarado (ya fallecido y contra quien se extingue la acción penal), el vigilante privado Roberto Carlos Coto de Paz, y el conductor, Héctor de Jesús Castaneda, a quienes se acusó de homicidio agravado y homicidio tentado.
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Sin embargo, el PPI falleció el 25 de febrero por dos heridas de bala en el tórax que presentó esa misma noche; el deceso lo confirmó el exfiscal Melara.
Sobre el caso y la reconstrucción de los hechos
Castaneda brindó su declaración al juzgado y dijo que el 31 de enero a eso de las 5:30 de la tarde salieron a buscar cena por la delegación centro de la PNC, y que cuando regresaban al Ministerio de Salud se encontraron el vehículo de los activistas del “Frente”, mencionó que su compañero comenzó a molestarlos y que hubo una pelea por la vía y que los activistas les lanzaron bolsas con agua.
Asimismo, expuso que en ese momento el conductor atravesó el carro y se bajó con pistola en mano y llegó hasta la cama del pick up.
Según manifestó Héctor Castaneda al juez, alcanzó a oír que decía una mujer “cuidado que hay niños en la cama” y “se oyeron tres detonaciones», de las que él «está seguro» que salieron de la cama del pick up, su compañero disparó de ocho a nueve veces y que regresó herido al carro.
Los tres regresan al carro, pero no trasladan directamente al PPI a un centro de salud, sino que se dirigen al parqueo del Ministerio que se encuentra en el centro de San Salvador, donde esperan por más de 13 minutos, según captó una cámara de vigilancia, es Castaneda quien entra y vuelve del carro, aunque no se le ve atender a Diego Alvarado.
Fuentes judiciales relataron que a pesar que Castaneda aseveró que buscaron atención y no se la brindaron, cámaras de seguridad detectan que el vehículo que conducían llegó hasta el Parque Cuscatlán y dan vuelta al Mercado Central, por lo que no llegan al hospital, sino que se desvían.
El juez que conocía este caso, Roberto Arévalo Ortuño, fue uno de los que presentaron su renuncia por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que implementó la Asamblea Legislativa, misma que fue señalada como una «purga de jueces».
