Por: Redacción YSKL
Para la Mesa de Protección de Periodistas de El Salvador, que el Asesor Jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, exhortara a funcionarios salvadoreños señalados por Estados Unidos de actos de corrupción y nexos con pandillas, a demandar a todo aquel que difundiera las noticias al respecto es una «clara amenaza» a la libertad de expresión e información.
César Fagoaga, Presidente de la APES, afirmó que las declaraciones de Argueta consolidan el discurso de odio contra la prensa salvadoreña por parte de titulares de instituciones públicas, que están siendo cuestionados sobre presunta corrupción dentro de las mismas.
«Preocupa que en Casa Presidencial hayan este tipo de consejos jurídicos, quisiéramos pensar que es ignorancia, pero hay un grado de malicia en su estrategia contra la libertad de expresión y la libertad de prensa. Estas declaraciones además de ser irresponsables e irracionales, promueven un discurso de odio y es peligroso, porque es más frecuente», manifestó el dirigente.
A consideración de la mesa, los ataques intentan desviar la atención de hechos que han sido descubiertos de la prensa y se busca censurar a medios de comunicación independientes. «Hay funcionarios públicos que están siendo señalados de actos palpables como corrupción […] incluso habrían más delitos por parte del señor Argueta. La Ley de Ética Gubernamental obliga a los funcionarios a desempeñar su cargo con decoro, otro punto es que al aceptar su cargo, están aceptando estar bajo el escrutinio público; en este punto parece que se intenta censurar. Hasta incluso podemos estar frente a una situación».
Argueta, recomendó a los funcionarios del Gobierno ejercer «acciones correspondientes» contra periodistas y medios que dañaron el honor al publicar dichos acontecimientos.
Según Argueta, se debe a no se ha hecho efectivo el derecho a defensa ante el Departamento del Tesoro del país norteamericano y por el daño al honor.
«Yo recomendaría a los funcionarios del gobierno que ejerzan acciones correspondientes, posiblemente no contra un país, pero sí contra quien lo escribe
La semana pasada, el Tesoro estadounidense sancionó a funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele por actos de corrupción en negociaciones «secretas» para una tregua con pandillas y por la atención a la pandemia.
Los sancionados son el Director General de Centros Penales, Osiris Luna, el Director de Tejido Social, Carlos Marroquín, conocido como «Sliptone» y la Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos.
“El derecho de audiencia y defensa para los funcionarios tiene que materializarse. El país que los ha metido en la lista, primero ya daño su honor, habría que ver los mecanismos de su país, esta la Corte Interamericana de Derechos Humanos del derecho humano al honor”, dijo el funcionario en una entrevista televisiva.
Argueta fue cuestionado si su recomendación consistía en una contrademanda a Estados Unidos.
“Primero que se defiendan, el derecho de respuesta, que ya fue declarado en el país como un derecho fundamental […] que ejerzan acciones, ojo, nacionales, nadie está protegido, hablo de los ámbitos de libertad de información que pueda tener un periódico digital, no está protegido en tanto, dice la Relatoría de Derechos Humanos, no dañen el honor”, respondió.
Entre el 1 de enero hasta el 14 de noviembre del 2021, el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), ha reportado 214 casos de agresiones contra comunicadores.
La cifra superó exponencialmente la cantidad registrada en el 2020, que fue de 125. «Esto ya es una escalada de un conjunto de agresiones que se están naturalizando. Está más que superada», aseveró este miércoles, Susana Peñate, directiva de la APES.
Según la gremial, las principales agresiones están relacionadas con restricciones al ejercicio periodístico, por parte del funcionariado público: 98 denuncias en total se han contabilizado. El resto corresponde a intimidaciones; acoso digital, que incluye amenazas físicas, verbales y en el caso de mujeres, expresiones misóginas a través de redes digitales; asimismo, declaraciones estigmatizantes.
