Por: Redacción YSKL
Este miércoles, representantes de organizaciones ambientalistas y comunidades organizadas presentaron un recurso en la que solicitan a las instituciones gubernamentales una investigación para definir responsables de los efectos medioambientales que produce el monocultivo de caña de azúcar.
Los demandantes exigen frenar la quema de los cultivos para la zafra que se realiza cada ciclo productivo, pues las afectaciones en las comunidades son diversas, que van desde enfermedades respiratorias producto del humo, incendios forestales en bosques y áreas naturales protegidas cercanas al monocultivo de caña, muerte de fauna silvestre, daños en alimentos de consumo humano y la generación de gases de efecto invernadero.
Norma Mejía, de la Red Uniendo Manos, señaló que pese a que las quemas son prohibidas en la Legislación Penal, la agroindustria azucarera continúa realizando estas prácticas y cuando se les confronta argumentan que es obra de mano criminal.
“Se trata de un absurdo y una mentira si se cae en cuenta que estos hechos de quema, siempre coinciden con el tiempo de la zafra. «Los mismos trabajadores queman la caña, en la madrugada. Y los dueños de los ingenios no se hacen responsables”, aseveró.
Por ello piden al Ministerio de Medio Ambiente asumir su rol en vedar la quema de cultivos; a la Fiscalía General de la República, que investigue de oficio y proceda judicialmente contra los responsables de incendios forestales y las quemas en los campos de caña de azúcar y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que acompañe a las víctimas de las violaciones de derechos a la salud y medio ambiente.
«Los niños ya están con enfermedades respiratorias, el humo y el calor del fuego, perjudica los suelos porque ya no se podrá cultivar otra cosa, sino es con ayuda de químicos que también contaminan los suelos y con derivados industriales que dañan la salud de la población. Además reduce y en algunos casos, elimina, las fuentes de abastecimiento de agua», mencionó otra líder comunal de Sonsonate, Sonia Gutiérrez.
Amalia López, parte de las organizaciones demandantes, aseguró que si bien el azúcar es uno de los principales productos de exportación, el Estado no se ha hecho responsable por los daños que genera la agroindustria a la población que habita cerca de los campos. «Esta gente que habita en el bajo Lempa, en San Vicente y Usulután, no tiene atención en salud y menos agua limpia para tomar, porque las prácticas, además de la quema, también tiene riegos de avionetas de plaguicidas, hay más de 175,000 enfermos renales en el país, y su mayoría es porque vive cerca de los monocultivos y les llega la fumigación. Háganse cargo, son vidas y la salud la que se está perdiendo. Las riquezas se las llevan pocos y la miseria la mayoría», explicó.
Las quemas de cultivo están vinculadas a los incendios forestales, según datos del Ministerio de Gobernación, en 2021 se registraron, durante los primeros cuatro meses, fecha de la temporada de zafra, unos 44 incendios forestales que afectaron a 800 hectáreas de territorio. El 95% fue catalogado como provocado.
