Por: Redacción YSKL
“Necesito con urgencia que me entreguen la herramienta legal para poder tutelar los derechos de los trabajadores”, así lo indicó este jueves, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, refiriéndose a la normativa especial impulsada en 2021, a fin de que las empresas que prestan servicios de seguridad privada, no puedan optar por contrataciones públicas si han sido denunciadas por transgresiones a derechos laborales, y que hasta la fecha no ha sido discutida en el pleno Legislativo.
El ministro explicó que dicha iniciativa surge a partir de que gobiernos anteriores junto con el congreso anterior, se “saltaron el Código de Trabajo, y construyeron una ley especial que no permite que el Ministerio de Trabajo actúe de forma contundente”.
En ocasiones anteriores, Castro afirmó que, si bien existe una Ley Especial de Seguridad Privada, no tutela los derechos de los trabajadores y, por el contrario, beneficia a las empresas porque no se dan las herramientas legales para imponer sanciones por incumplimiento y genera reincidencia.
A raíz de los hechos, la cartera de Estado decidió presentar desde hace seis meses ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa un documento, el cual contenía el diagnóstico del problema junto con la situación actual, pero hasta el momento aún permanece en estudio.
“Yo espero que baje al pleno rápido y corrijamos esto, porque cada día que pasa que no arreglamos esta situación con las empresas de seguridad, siguen vulnerando los derechos de los trabajadores”, aseveró Castro durante una entrevista matutina.
De acuerdo a datos del Gobierno, unos 27,000 salvadoreños son empleados en las 434 empresas de seguridad acreditadas en el Centro Nacional de Registros (CNR). El Ministerio de Trabajo ha acumulado al menos 5,500 denuncias de trabajadores de la seguridad, que acusan a sus patronos de retener salarios, descuentos ilegales y jornadas de trabajo extendidas, en las que no se cumple con el pago de la nocturnidad.
