Por: Redacción YSKL
Una audiencia convocada en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos repasó este lunes los principales abusos atribuidos al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele en el marco del régimen de excepción que, en marzo pasado, decretó la Asamblea Legislativa tras un pico de violencia que provocó 87 homicidios en 72 horas en el país centroamericano.
Bukele ha pedido cinco veces al congreso extensiones del régimen de excepción. Todas han sido aprobadas por la mayoría del partido oficial Nuevas Ideas. Con ello, El Salvador va para medio año bajo ese régimen, periodo durante el cual 52,000 salvadoreños han sido detenidos, la mayoría sin una investigación exhaustiva previa, y 76 personas han muerto mientras estaban en prisión o bajo custodia de agentes del Estado salvadoreño, según reveló Noah Bullock, miembro de la no gubernamental Cristosal y uno de los testigos en la audiencia convocada por el congreso estadounidense.
La audiencia fue convocada por los representantes James McGovern, demócrata de Massachusetts, y Christopher Smith, republicano de Nueva Jersey, copresidentes de la comisión Lantos. Hubo dos paneles, uno formado por funcionarios de la administración Biden, y otro por representantes de ONG defensoras de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, y por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, colaborador habitual de Infobae.
En el primer panel, la subsecretaria de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, y el subsecretario asistente para Derechos Humanos, Scott Busby, fueron interrogados sobre las medidas que la administración Biden ha tomado para abordar las denuncias de arbitrariedades en las capturas.
Ambos funcionarios aseguraron que “comparten” la preocupación de la comisión por los abusos atribuidos al gobierno durante el régimen de excepción. Mendrala explicó que la administración Biden ha hecho uso de herramientas como la llamada Ley Magnitsky para imponer sanciones a funcionarios de Bukele señalados por negociar con las padillas MS13 y Barrio 18 y la llamada Lista Engel, que nombra a actores antidemocráticos y corruptos en Centroamérica y en la cual aparecen varios funcionarios salvadoreños.
El representante McGovern dirigió la audiencia y notificó que su colega republicano, quien no estuvo presente, enviaría después una declaración escrita. La embajada de El Salvador en Washington también adelantó que enviaría una respuesta por escrito, aunque McGovern dijo que uno de los argumentos de la representación diplomática es que el régimen de excepción es popular entre la mayoría de los salvadoreños.
Al inicio de su intervención, sobre ese argumento, el congresista dijo “que sea popular no significa que sea correcto. Para aquellos que rechazan las críticas al gobierno de El Salvador argumentando que las acciones del presidente Bukele son populares y que sus índices de aprobación son altos, les decimos que popular no es igual a correcto”.
En su primera intervención, Govern sostuvo que el régimen de excepción «ha profundizado y ampliado la precrisis de gobernabilidad y derechos humanos existente» en el país.
Preocupación de la sociedad civil
En el segundo panel participaron la representante para América Latina de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner; la abogada Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso; el periodista Héctor Silva Ávalos y Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, una de las organizaciones que más de cerca ha seguido los abusos durante el régimen de excepción.
Arteaga y Taraciuk Broner explicaron que, desde que fue decretado en marzo pasado, el régimen de excepción no cumplía con los requisitos establecidos por la Constitución de El Salvador para este tipo de medidas temporales.
La representante de Humans Right Watch también detalló algunos de los abusos cometidos. “En más de 120 casos documentados por HRW, las personas fueron sacadas de sus casas o arrestadas en las calles sin que las autoridades les mostraran una orden de arresto. En raras ocasiones los detenidos fueron informados de las razones por las que los arrestaban y, en muchos casos, los agentes se rehusaron a proveer información de los detenidos a las familias de estos”, dijo Taraciuk Broner.
Silva Ávalos aseguró que la situación en El Salvador «es grave» e incluye persecución a periodistas. El periodista explicó, además, que el origen del régimen de excepción es la ruptura del pacto entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18, lo cual provocó la violencia de marzo. Silva aseguró que el régimen de excepción no está resolviendo los problemas de seguridad de El Salvador.
“Esto no es un accidente o un mal pasajero, estamos hablando de un presidente y de un régimen que busca acumular poder y perpetuarse en él. ¿Cuántas veces vimos esa película en Latinoamérica?”, se preguntó el periodista en referencia.
Emily Mendrala, subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, aseguró que el Departamento de Estado está preocupado porque el régimen de excepción «redujo drásticamente la protección de los derechos civiles bajo las leyes de El Salvador».
«El Departamento de Estado sigue firmemente comprometido en la lucha contra el crimen organizado transnacional; sin embargo, algunas de las medidas tomadas durante el régimen de excepción van en contra del establecimiento de estándares de derechos humanos y son insostenibles», expuso Mendrala.
Por otra parte, Scott Busby, Subsecretario de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, señaló «tener claro», que la violencia de las pandillas amenaza la seguridad nacional de El Salvador, por lo que ese problema «debe abordarse de manera urgente e integral».
«La contracción del espacio cívico en Centroamérica también amenaza la estabilidad regional, la prosperidad y la seguridad. (…) Las organizaciones de la sociedad civil han subrayado la importancia de las declaraciones públicas y privadas de la comunidad internacional», reiteró Busby.
