Presentan iniciativa para prorrogar régimen de excepción por novena ocasión

Foto: Cortesía.

Por: Redacción YSKL

Funcionarios que conforman el gabinete de seguridad ampliado presentaron este miércoles a la Asamblea Legislativa la iniciativa para extender por 30 días más el Régimen de Excepción, la novena prorroga desde su aprobación por primera vez a finales de marzo de 2022.

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la medida ha llevado un clima de tranquilidad a las comunidades asediadas por los grupos delictivos a nivel nacional. Aseguró que en los nueve meses que lleva el régimen se ha recuperado el control de todos los territorios y la detención de miles de supuestos pandilleros.

“En menos de nueve meses hemos recuperado por fin desde la independencia patria el control del territorio del Estado salvadoreño, que estos cobardes organismos internacionales con estos cobardes gobiernos anteriores se lo habían endosado a estos terroristas”, afirmó el funcionario.

Por otro lado, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, aseguró que la población avala la implementación del régimen de excepción y la participación de los efectivos militares en las operaciones de apoyo a la Policía Nacional Civil (PNC).

Según el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, desde la entrada en vigencia de la medida extraordinaria de seguridad se han realizado más de 60,000 detenciones de personas presuntamente vinculadas a grupos delictivos, se han incautado arriba de 2,000 armas de fuego, alrededor de 2,000 vehículos y dinero en efectivo.

Adicional a la presentación de la prórroga se incluyen dos reformas a la Ley Especial Anti Extorsiones para la incorporación de dos nuevas figuras de delito, encubrimiento de extorsión, donde podrán ser juzgados de manera penal familiares o colaboradores de estructuras delictivas que ayuden o encubran las actividades relativas a la extorsión.

Además, se agrega la figura de Financiamiento Ilegal de Organizaciones Criminales donde se prohíbe y sanciona de cinco a ocho años de cárcel a empresas, directivos y ejecutivos que paguen extorsión a grupos pandilleriles.