Por: Redacción YSKL
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), presentó este miércoles el balance general de vulneraciones a los comunicadores en lo que va del 2022.
Entre el 1 de enero al 15 de diciembre, la APES ya registra 125 casos, con 151 afectaciones, este desagregado se entiende por la reincidencia de la misma agresión.
Si bien hay un aumento considerable de vulneraciones a los comunicadores de noticias, también incrementó la gravedad del ataque, explicó Angélica Cárcamo, presidenta de la APES.
«Hay más espionaje por parte de dispositivos electrónicos, ahora hay reformas legales que criminalizan la labor informativa, y tenemos por ejemplo casos en los que periodistas se han ido del país por amenazas directas. Tenemos reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y reformas al Código Penal, que castigan con cárcel la difusión de mensajes, pese a que lo que se informa es sobre operativos o crímenes cometidos por pandillas», añadió.
Casos de espionaje, jaqueo a dispositivos telefónicos, retenciones arbitrarias de miembros de la prensa por parte de agentes de autoridad, las reformas de leyes antiprensa y la salida forzosa de periodistas del país, son los que se refirió la jefa de la gremial.
«Estamos entrando en un punto de no retorno, donde las garantías del ejercicio periodístico son más nulas», mencionó Cárcamo.
Partiendo de un análisis desde 2018, los comunicadores han enfrentado una serie de ataques contra el ejercicio informativo. Según la APES, en 2018, se registraron 65 vulneraciones, tanto en espacios de diálogos y negativas de acceso a la información.
En 2019, se contabilizó 77 casos, entre limitaciones al ejercicio y acceso a las conferencias de prensa gubernamentales tanto como reservas de información pública.
En 2020, la APES cerró con 125 casos, ese año se caracterizó por la pandemia y las medidas de restricción a la movilidad. Elizabeth Estrada, Directiva de la APES, explicó que ese año fue marcado por el cierre de espacios de diálogos y declaraciones estigmatizantes contra medios de comunicación por parte de instituciones estatales.
Para 2021, el panorama se agravó, según la APES; 219 casos, 84 de estos ocurrieron en el contexto electoral con limitaciones informativas.
En el año actual, 11 periodistas (3 mujeres y 8 hombres) han salido del país, 8 de estos por la suspensión de garantías judiciales del Régimen de Excepción, y que han cubierto temas relacionados a pandillas.
«Es por las investigaciones que han sacado y porque se les han advertido legalmente que se les puede aplicar la Ley de Proscripción de Pandillas y las reformas al Código Penal», dijo Cárcamo.
El resto ha sido amenazado por funcionario público o entidades de Estado, y la APES ya cuenta con un caso de un comunicador que fue amenazado de muerte por la Policía Nacional Civil.
