Por Redacción YSKL
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, cuestionó el papel de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), ante la negativa del proceso de identificación del paradero del Expresidente, Alfredo Cristiani.
Delgado indicó que se le dio aviso a INTERPOL para que intercediera con la ubicación de Cristiani, sin embargo, dijo que están “luchando con las autoridades de INTERPOL”, puesto que señalaron que las investigaciones en contra del exmandatario poseen implicaciones políticas.
“En algunas de estas investigaciones nos han señalado de que son casos políticos, pero en realidad son investigaciones de naturaleza técnica, jurídicas (…) El problema es que hay actores políticos, los acusados son políticos, o al momento que realizaron los hechos eran políticos”, explicó.
Agregó que se ha entregado el material necesario a la Policía Internacional para que se pueda ejecutar la ubicación de Cristiani, sin embargo, por las “valoraciones subjetivas” que expresan ante el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha obtenido apoyo.
“INTERPOL ha sido, históricamente, una herramienta para perseguir delincuentes de toda naturaleza, pero creo que es un mal mensaje para las instituciones que nos encargamos de la persecución del delito que, bajo ciertas valoraciones, algunas de ellas bajo criterios muy subjetivos, se esté excluyendo a los políticos de que puedan ser objeto de una captura de INTERPOL”, dijo Delgado, durante la entrevista Diálogo de Canal 21.
El fiscal general aclaró que debido a la capacidad legal de llevar a cabo el juicio en ausencia del acusado, “de ser necesario, lo vamos a hacer. A mí me es indiferente capturar a una persona previo a un juicio o ya se le vaya a capturar condenado”, y expresó que el imputado “tácitamente está renunciando a su derecho de defensa”.
Según dio a conocer, la Fiscalía tiene indicios del paradero del expresidente, sin embargo, se negó a brindar más detalles al respecto.
La FGR presentó este 5 de junio, el Dictamen de Acusación en contra de los imputados en el asesinato de los jesuitas.
Entre las acusaciones, destaca la del ex presidente Alfredo Cristiani, como autor intelectual de la muerte de los religiosos, una colaboradora y su hija.
La investigación en el caso ha determinado que el expresidente Cristiani y el padre Ignacio Ellacuría, rector de la UCA de la época, sostuvieron varias llamadas telefónicas previo a la masacre, indica la Fiscalía.
En una de las llamadas, Cristiani le asegura que no debe preocuparse por el registro que se ejecutaba en la UCA y le pide que permanezca tranquilo y en el lugar. Son más de 20 testigos los que confirman estos hechos.
Por este caso, en el 2020 el coronel Inocente Orlando Montano fue condenado a 133 años de cárcel, en España. Montano fue declarado culpable de haber ejecutado la operación para asesinar a los religiosos.
Todos serán acusados de Homicidio, Terrorismo, Conspiración para cometer Actos de Terrorismo; en el caso de Parker, Óscar Linares y Hermenejildo Rivas, serán procesados por Encubrimiento y Fraude Procesal.
En marzo del año pasado, el Juzgado Tercero de Paz ordenó captura contra Cristiani como expresidente de la República, Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea; Juan Orlando Zepeda Herrera, miembro de “La Tandona» y exviceministro de Defensa; Rafael Humberto Larios López, ex General y era Ministro de Defensa; Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López López y Joaquín Arnoldo Cerna Flores, por el delito de Comisión por Omisión en el delito de Asesinato; los últimos dos también por complicidad en asesinato.
Otros de los involucrados en el proceso son Francisco Elena Fuentes y Rene Emilio Ponce Torres ambos ya fallecidos, de manera que se les declarará sobreseimiento definitivo.
Los delitos se adecúan al Código Penal de la época en la que sucedieron los hechos, por lo que algunos de ellos, ya no están en las leyes actuales o reciben otro nombre.
Las víctimas fueron los jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría de Beascoechea, Ignacio Martí Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López López, Armando López Quintana, y sus colaboradoras, Julia Elba Ramos y Celina M., madre e hija; en noviembre de 1989 bajo un operativo militar en el contexto del Conflicto Armado.
