Por Redacción YSKL
Los habitantes de Santa Marta y los representantes de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES Santa Marta), brindaron un balance este martes, sobre el caso de los cuatro líderes comunitarios que fueron detenidos el pasado 11 de enero.
Según indicaron, las capturas se ejecutaron de manera arbitraria, en contra de los ambientalistas que luchan por la no minería.
“Nadie ha podido ver a estas personas desde marzo, entiendo, principios de marzo. Esa es una de las grandes violaciones en este proceso, porque tendrían que tener incluso la visita técnica, para prepararse para la audiencia que viene. Es una violación rotundamente fuerte”, dijo uno de los representantes.
Entre los aspectos que destacaron como parte de la “arbitrariedad, el abuso y la manipulación de la justicia para criminalizar a los líderes comunitarios”, señalaron cinco aspectos principales.
Inicialmente, se refirieron a la “prisión innecesaria y cruel”, alegando que la prisión preventiva fue una aparente “medida extrema”, ya que los imputados no representan ningún riesgo de fuga, y todos presentan enfermedades crónicas, por lo que se les pudo otorgar medidas sustitutivas.
Asimismo, indicaron que se les mantiene en condiciones carcelarias inhumanas, implementando el régimen de excepción, a pesar de no haber ningún vínculo con pandillas en el caso. Además, uno de los detenidos fue enviado al Centro Penal de Izalco, y su familia desconoce de su estado desde el 19 de enero de este año.
Hicieron referencia, además, a la supuesta “acusación sin pruebas”, dando a conocer que no se han presentado pruebas por los delitos atribuidos, lo que es “motivo suficiente para desestimar el caso”.
De igual manera, señalaron que existe una presunta “actuación injusta de los tribunales”, puesto que “la actitud beligerante contra nuestros compañeros, asumida por el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, quien se ha negado en dos ocasiones a revisar la detención y considerar medidas sustitutivas”, expresaron los afectados, agregando que se obtuvo la misma respuesta por parte del Juzgado de Paz de Victoria, donde se les habría enviado a prisión sin argumentos.
También señalaron presuntas “violaciones al derecho de derecho”, explicando que el abogado defensor no ha tenido oportunidad de entrevistar a los detenidos, a pesar de estar próximos a la realización de la audiencia preliminar.
Finalmente, denunciaron “la negativa de las autoridades fiscales, judiciales y penitenciarias salvadoreñas de acatar el llamado de la ONU”, dando a conocer que el 16 de mayo de este año, la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawrol “expresó su preocupación y pidió la inmediata libertad de los defensores ambientales”.
Agregaron que 250 organizaciones de 30 países han mostrado la misma reacción, sin embargo, las autoridades pertinentes habrían ignorado estos llamados.
Los miembros de ADES Santa Marta y los habitantes de la zona hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República para que retire la acusación, por la falta de pruebas en el caso.
Además, esperan que el Juzgado de Sensuntepeque realice una revisión de las medidas en contra de los acusados.
En el caso de la Sala de lo Constitucional, pidieron que se resuelva el Habeas Corpus, de manera expedita, a favor de los líderes comunitarios, presentado con la finalidad de que sean puestos en libertad.
