Ambientalistas denuncian a empresas que incumplieron mandato judicial de no extraer materiales en El Cerrito

Foto: YSKL.
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Por Redacción YSKL

Los habitantes de comunidades ubicadas en el municipio de Quezaltepeque, junto con organizaciones ambientales, se aglutinaron este jueves frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), para presentar una denuncia por desobediencia en contra de distintas empresas, por el caso de “El Cerrito”.

Las asociaciones que se pronunciaron respecto a la problemática fueron Asociación Nayarit Mujeres y Jóvenes, el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, la Asociación de Mujeres Ambientalistas de El Salvador (AMAES) y el Foro del Agua.

Según explicaron, se han ordenado medidas para detener la extracción de material pétreo en la zona, pero las empresas a cargo de la obra, identificadas como SALTEX y PREFASA, no han cumplido con lo dictaminado por las autoridades.

“A pesar de que existen medidas, las empresas antes mencionadas siguen sacando material pétreo en un acto de abuso e impunidad, en perjuicio de las comunidades que luchan por la defensa de sus territorios y agua”, indicaron los ambientalistas.

Afirmaron que para el 29 de agosto de este año, la Jueza Ambiental, Oneyda Cáceres, decretó medidas cautelares para detener la extracción de material pétreo del Cerro conocido como ‘El Cerrito’, ubicado en el municipio de Quezaltepeque, por lo que el incumplimiento implica una “desobediencia a una orden judicial dictada por un funcionario o autoridad pública, en el ejercicio de sus funciones”, con base en el artículo 338, del Código Penal. Esto repercute en una sanción de hasta tres años de cárcel.

El cese de actividades “debió ser cumplido desde su notificación”, recalcaron, por lo que hicieron un llamado a la FGR, para que investigue las causas del incumplimiento.

Asimismo, enfatizaron que el cerro es una zona ambiental importante para permitir el abastecimiento de agua a las personas que habitan en dicho sector, por ende, pidieron a SALTEX y PREFASA que cumplan con la orden judicial, “dictada a favor de las comunidades de Quezaltepeque”.