Por: Redacción YSKL
El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana, UCA, presentó este lunes los resultados del sondeo de acceso a la justicia en el marco del Régimen de Excepción.
Según los hallazgos, a diecinueve meses de vigencia del decreto que suspende garantías judiciales y permite capturar en masa a a pandilleros señalados de cometer crímenes, ha dejado la detención de 72,000 personas, lo que ha provocado que el hacinamiento de las cárceles se haya elevado al 250%.
Por otra parte, se han documentado 5,490 denuncias de violaciones a los derechos humanos, en su mayoría de personas que aseguran no tener vínculos con pandillas y que fueron encarceladas sin una investigación previa.
En tanto, el informe señala que ha habido retrocesos en el esclarecimiento de casos, como ejemplo citan reformas a diversos mecanismos legales, como la ampliación del período de instrucción, jueces sin rostro, seguimiento del proceso sin imputado presente y la utilización de recompensas anónimas. Que ha impedido ejercer el derecho de defensa y esclarecimiento de los casos.
«El análisis del Instituto de Derechos Humanos de la UCA también evidencia falencias. No hay debido proceso, desde que se detiene a una persona, no se acredita totalmente que no tiene vínculos con estructuras criminales», señaló Gabriela Santos, parte del equipo de la OUDH.
El informe recaba que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entidad que tutela el cumplimiento del trato humanitario de privados de libertad, solo ha documentado 272 hechos violatorios de acceso a la justicia entre enero 2022 y mayo 2023, que dista del recolectado por organizaciones de sociedad civil.
