La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro resolvió no ha lugar a la recusación planteada por Fiscalía General de la República (FGR) contra el juez del Tercero de Instrucción, René Gallardo y resuelve que continúe conociendo el proceso contra ocho miembros de una familia acusada de lavado de dinero y de activos.
En la recusación se cuestionó la falta de imparcialidad del juzgador que evidenció al resolver en contra de las peticiones de la representación fiscal y un impedimento ético de parte de un defensor que antes fue fiscal de la Unidad Contra el Lavado de Dinero y Activos aduciendo que existe la probabilidad positiva que este haya conocido del presente caso.
Al respecto la Cámara analiza que el ente encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética es el Tribunal de Ética Gubernamental, lo cual imposibilita a esta Cámara para separar al abogado Héctor Nahúm Martínez del presente proceso y mucho menos para determinar si, él concurre algún impedimento
Según los magistrados los argumentos del fiscal únicamente son conjeturas y suposiciones, por las razones siguientes: si bien es cierto que el abogado en mención laboró en dicha unidad, no obstante con la documentación presentada no se logra acreditar que haya intervenido de manera directa o indirecta durante el ejercicio de su función en este proceso, además no es posible deducir tal situación por el simple hecho que haya laborado para dicha institución.
Por lo tanto al estudiar los argumentos de la representación fiscal considera la Cámara que el señalamiento al funcionario judicial no se adecua en ninguna de las dos causales invocadas, más bien se observa que se está impugnando una serie de circunstancias de como se está tramitando la fase de instrucción”, señalan.
Los magistrados enfatizan que la recusación está limitada a denunciar las causales de impedimento que establece la ley (si ha dado consejo o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el procedimiento) cuando tenga amistad íntima o enemistad capital con cualquiera de los interesados o si ha habido entre ellos agresión o amenazas graves o escritas situaciones que puedan afectar la imparcialidad del Juez.
Los procesados en este caso son Jaime Adalberto Flores Batres, Sonia Maricel Amaya Márquez, Sandra Jazmín Flores, Elías Geovanny Flores Batres, María Verónica Rodríguez de Flores, Rosa Delmy Amaya Márquez, Rosa Batres viuda de Flores y María Brígida Márquez.
Según la fiscalía los imputados presuntamente alimentaban ocho cuentas bancarias donde se movilizaron unos 18 millones de dólares.
La investigación dio inicio luego que a Jaime Flores y Sonia Maricel Amaya les encontraran 196 mil dólares en efectivo, el 5 de julio de 2012 cuando se encontraba en el aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero en momentos que iban abordar un vuelo hacia Lima, Perú. Supuestamente el hallazgo ocurrió durante un registro rutinario realizado por los agentes de la División Antinarcóticos.
