El presidente Nayib Bukele reaccionó luego que la Asamblea Legislativa decidió aplazar la discusión del préstamo de 109 millones para el Plan Control Territorial.
El mandatario los señaló de proteger pandilleros y narcotraficantes, al no aprobar los recursos, destinados a la modernización de la Fuerza Armada de El Salvador y Policía Nacional Civil (PNC).
Bukele reconoció el trabajo de la PNC en el combate al crimen en el acto de juramentación de 279 elementos de la corporación policial, que serán sumados al plan que ha logrado reducir los homicidios en un 60%, según estimaciones del Gobierno.
Además lamentó que los legisladores dilaten la autorización de los fondos, insinuando que protegen a la criminalidad.
El mandatario sostuvo que los diputados han dilatado la autorización de los fondos, insinuando que es para proteger a los “criminales, los defensores de los criminales y los defensores de los defensores de los criminales”.
“Voy a dar todo, hasta mi vida, por ustedes», concluyó.
Al acto también asistieron el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas; y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, este último se rehusó a declarar ante la prensa, por los cuestionamientos del congreso por el uso de elementos en el recinto legislativo el domingo.
El empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha generado dudas entre los parlamentarios por los destinos de algunos proyectos. Aunque los diputados miden palabras para afirmar que sí se podría autorizar el préstamo pero “hay que aclarar dudas”.
La situación ha confrontado a los órganos Ejecutivo y Legislativo; al punto que el primero invocó el artículo 167 de la constitución, para que el último sesionara extraordinariamente para aprobar los fondos. Como era de esperarse los diputados interpretaron la normativa y no hicieron plenaria el domingo, lo que derivó en la irrupción de la FAES y PNC, por órdenes de Bukele.
Los diputados reprocharon la acción como transgresión a otro poder de estado, mientras que el ejecutivo lo niega.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Gobierno “dejar sin efecto la convocatoria” y “abstenerse de emitir otra convocatoria por parte del Consejo de Ministros”, y a la PNC y Fuerza Armada evitar participar en actividades fuera de sus competencias legales.
