Suspensión de transporte, cierre de empresas y salidas por número de DUI se mantienen vigentes

Más Opciones al mejor precio. EPA

Ante las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de este viernes, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Conan Castro, explicó qué medidas sanitarias y bajo qué decreto siguen vigentes.

Como medida cautelar a una demanda de inconstitucionalidad, referida Sala ordenó la suspensión del decreto ejecutivo número 19 de Estado de Emergencia, mientras se da una sentencia firme en el proceso.

Sin embargo, los magistrados revivieron el decreto legislativo 593 de esta materia hasta el 29 de mayo para que ambos Órganos de Estado, Asamblea Legislativa y Gobierno lleguen a un acuerdo en un decreto que prevenga los contagios por COVID-19 y establezca la normativa de atención.

Por otra parte, a pesar que la institución constitucional recibió recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de Cuarentena Especual número 26 en materia de salud del Ejecutivo, no dictó medidas cautelares, por lo que estas disposiciones pueden continuar.

«La Sala de lo Constitucional «revivió» la vigencia del Decreto 593, se mantienen todas las disposiciones previas de la Emergencia Nacional. El Decreto Ejecutivo 26, relativo a la cuarentena, continúa vigente», reiteró Castro.

Además, el secretario jurídico explicó que dentro de estas disposiciones se encuentran las auditorías de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre las inversiones, contrataciones de bienes y servicios que realice el Gobierno para atender la pandemia; añadido a esto, la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), solicitada por la Presidencia de la República.

Asimismo, incluye la suspensión de pago de agua, energía, telefonía, créditos bancarios, suspensión de clases y espectáculos públicos, y el establecimiento de cuarentena, se mantienen vigentes, afirmó.

Sobre el decreto de medidas de resguardo domiciliar, destacó que aún está vigente el orden de salidas por números de DUI, la suspensión del transporte colectivo y el cierre de empresas que no sean de vital operación en la pandemia.