El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) redoblar esfuerzos para esclarecer la masacre conocida como “Guinda de Mayo”, ocurrida del 27 de mayo al 6 de junio de 1982 en tres municipios del nororiente Departamento de Chalatenango.
Apolonio Tobar manifestó que el episodio, conocido oficialmente como “Operativo en Chalatenango de 1982” se constituye como delito de lesa humanidad “que sigue en la impunidad”.
“Constituyen un serio obstáculo para lograr una paz genuina, basada en la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”, enfatizó.
En ese sentido pidió al ministerio público fiscal “investigar, identificar, perseguir y procesar a las personas responsables de las atrocidades referidas y repare en forma debida a las víctimas”.
De acuerdo con el testimonio de víctimas, en los municipios de San José Las Flores, Arcatao y Nueva Trinidad –siempre en Chalatenango- se cometieron ejecuciones extralegales masivas, la desaparición forzada de niños, quema de viviendas, de cultivos, desplazamiento y desaparición forzada.
El hecho fue atribuido por Batallones de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y Ramón Belloso, de los 7 Destacamentos Militares de 6 Brigadas del Ejército, en coordinación con la Fuerza Aérea; además con participación de la Policía de Hacienda, de la Guardia Nacional, dos batallones hondureños, uno guatemalteco, de paramilitares de ORDEN y de defensa civil, todo ello supuso un aproximado de 14,000 agentes estatales involucrados, según el Procurador.
El operativo dejó aproximadamente 300 víctimas y unos 50 niños desaparecidos.
La Sala de lo Constitucional en su resolución de Hábeas Corpus promulgada en julio de 2015, ordenó al Ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto de aquel entonces, entregar la información del operativo para así colaborar en las investigaciones y en caso que estos se negaran, el Comandante en Jefe –el Presidente de la República- debía ordenarlo.
El Estado salvadoreño tiene tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le obliga a investigar, individualizar y sancionar a los responsables de este caso.
