Como “persecución política” calificó Gustavo López Davidson, el caso que se sigue en su contra por supuestamente otorgar armas en mal estado al Ministerio de la Defensa en el año 2013 y que representó en pérdidas para el Estado de más de $2 millones.
El ex presidente del partido ARENA y propietario de la empresa CENTRUM, junto a los ex ministros David Munguía Payés, Atilio Benítez y tres más fueron presentados este lunes ante el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, acusados de Peculado, Actos Arbitrarios y Falsedad Documental Agravada.
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad y custodia, López Davidson acusó al Presidente Nayib Bukele y al aparato estatal de manipular la justicia en contra de opositores.
“Esto es persecución política muy clara y muy sencilla, quiere ponerle esposas a la Corte y a la Asamblea y por supuesto a los opositores políticos, como nosotros, que queremos una democracia, una libertad”, manifestó el empresario mientras ingresaba al centro judicial Isidro Menéndez.
Acto seguido señaló que es un “show armado” para dañar a los opositores del Gobierno. “El Presidente me desconoció y después comenzó a buscar cómo atacar e inventar. Estamos preparados para hacer esta lucha a favor de nuestra democracia”, sentenció y agregó que el caso “no me va a doblegar”.
Asimismo, cuestionó el papel que jugaron los militares en los señalamientos que se le están haciendo: “la red de corrupción es la que pronto verán desarmando. Se van a llamar al Ministro, y curiosamente una nueva Fuerza Armada, y aquí está la Fuerza Armada anterior, por supuesto que es un show”.
Las investigaciones indican que todos los detenidos están involucrados en la firma del contrato de permuta de armas obsoletas y en mal estado con la empresa CENTRUM S.A. representada legalmente por López Davidson.
Según las investigaciones de la FGR, López Davidson, junto al representante legal de CENTRUM, Héctor Abel Herrera, acordaron recibir armas de fuego que se encontraban obsoletas, usadas y en mal estado operacional y a cambio, recibirían armería nueva.
La acusación fiscal indica que la Fuerza Armada ofreció y entregó por un valor de $2 millones 51 mil 893 dólares, 14,930 armas de fuego; 23,721 cargadores; 2 millones 706 mil 472 cartuchos calibre 7.62 Milímetros; y 9,800 repuestos para fusil G-3, incluido el equipo en desuso.
CENTRUM le entregaría a la institución castrense inicialmente, dos obuses M-71 calibre 155 milímetros; un sistema de control de tiro; un sistema de adquisición de blancos, medición y sus equipos; un Jack de 20 toneladas; una engrasadora neumática a base de presión y entrenamiento a personal designado.
El contrato fue avalado en su momento por el General Atilio Benítez Parada en 2013, cuando David Munguía Payés fue designado como Ministro de Justicia y Seguridad, por el Gobierno de Mauricio Funes.
Las indagaciones develan que cuando volvió a dirigir la cartera de Defensa, Munguía Payés aceptó prorrogar dos veces el contrato, y modificarlo: La Fuerza Armada recibiría “OBUSES REPOTENCIADOS M71”, algo que no fue cumplido.
