Sala convocó audiencia de seguimiento para evaluar cumplimiento de la Asamblea Legislativa en Ley de Reconciliación

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) reprogramó para el próximo 30 de octubre una audiencia oral y de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz y ordenó hacer una nueva legislación que incluyera aspectos de reparación y conocimiento de la verdad.

Esto debido a que estaba agendada para el pasado 15 de abril, pero no pudo realizarse por el impacto de la pandemia de COVID-19. 

Para el desarrollo de esta audiencia se citó al Presidente del Parlamento, Mario Ponce, al Presidente de la República, Nayib Bukele, los demandantes en cada uno de los procesos acumulados, abogados del Idhuca y su director, al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al Fiscal General, Raúl Melara, al Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

De acuerdo con el Máximo Tribunal, estos serán los tres aspectos a tratar en la audiencia:

• La Asamblea Legislativa deberá justificar por qué el decreto legislativo que contiene la «Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional» cumple con los elementos básicos de justicia transicional o, en su defecto, por qué hasta esta fecha no ha superado el veto.

• El Presidente de la República deberá exponer las razones jurídicas por las cuales considera que el decreto legislativo en referencia no satisface las exigencias que la Constitución, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia interamericana imponen en esta materia y qué políticas públicas ha implementado de manera concreta.

• Los demandantes, los amigos del tribunal, el director del IDHUCA, el Fiscal General de la República y el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos deberán expresar su posición sobre la constitucionalidad del Decreto.

Estos son los aspectos mínimos que debía contener la nueva ley emitida por la Asamblea:

Derecho a conocer la verdad, aplicación de la justicia penal en la persecución y enjuiciamiento de las graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario; es decir, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra; así también, garantizar a las víctimas del conflicto armado y sus familiares el acceso a la justicia y programas integrales de reparación a las víctimas del conflicto armado.

En referida ley, los diputados aprobaron que la FGR tendrá un plazo de 1 año para investigar un listado no mayor a 165 casos; y tendrá derecho a una prórroga de seis meses, para recabar pesquisas.

Los jueces valorarán edad, estado de salud (sin establecer rangos demográficos) para conmutar penas, y reducir una cuarta parte de la condena si los imputados confiesan los delitos, piden perdón, y colaboran con las autoridades con los restos de víctimas.

La nueva ley fue aprobada con los votos de ARENA (con tres votos en contra), PDC, algunos diputados del PCN; FMLN y GANA se abstuvo de votar, de igual manera el diputado no partidario y el legislador del CD.

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