El Presidente Nayib Bukele vetó el decreto que aprobó la Asamblea Legislativa para reasignar fondos para el pago de la contrapartida de FOMILENIO II, el Fondo para el Desarrollo Social (FODES) que se adeuda por siete meses a las alcaldías, así como pensión a veteranos y excombatientes de guerra.
De acuerdo con la devolución del decreto por el mandatario al Parlamento, se trata de un veto por inconstitucionalidad.
El pasado 26 de junio, los diputados aprobaron reformar y reasignar $354.2 millones del decreto 640 de fideicomiso y pago a proveedores privados del Estado, ya que expusieron que estos recursos estaban disponibles al no haber aprobado su asignación.
Los fondos se asignaron así:
$288.2 millones para el FODES de siete meses.
$50 millones para FOMILENIO II para concluir proyectos.
$16 millones para pago de pensión a veteranos para finalizar el año.
$45.8 millones al pago de proveedores del Estado.
El decreto 640 establecía que el destino de los $1,000 millones, donde $600 millones serían para el programa del fideicomiso a empresas como recuperación económica ante el COVID-19 y los $400 millones restantes para el pago de IVA a exportadores y pago a proveedores del Estado.
No obstante, la reforma establece que en este monto también se podrán dirigir recursos al FODES, FOMILENIO II y la pensión de veteranos.
Esto, según los legisladores, con base a la solicitud de asignación presupuestaria que formuló el Ministerio de Hacienda de estos $1,000 millones conseguidos en con la emisión de bonos ante el mercado internacional.
Dentro de esta petición, Hacienda expuso que $645.8 millones se dirigirían al déficit aprobado en el presupuesto 2020 y los $354.2 restante serían parte del decreto 640; es decir, se tomó el fondo restante al fideicomiso.
Veto por inconstitucional
Según el Presidente, quien ya había anunciado el veto por ser una disposición «materialmente imposible y cumplió con el último día de plazo, se viola el artículo 226 de la Constitución de la República, pues transgrede el principio de legalidad y habría invasión de facultades por la Asamblea a las del Ejecutivo.
Esto en el sentido de la dirección de las finanzas públicas, pues manifiestan que no fue a iniciativa del Ministerio de Hacienda.
Por lo tanto, el Parlamento decidirá si supera el veto necesitando 56 votos como mínimo; es decir, mayoría calificada.
Si supera el veto, la controversia pasará a ser dirimida por la Sala de lo Constitucional.
