Autoridades de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) denunciaron este viernes una serie de irregularidades en torno al proceso de embargo a la empresa ASTALDI, encargada de la construcción de la Presa El Chaparral, ubicada en el municipio de San Luis de la Reina, en el departamento de San Miguel.
El Presidente de la CEL, Daniel Álvarez, afirmó que la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, les notificó el jueves que dicho embargo, que asciende a activos de $228 millones, no lo ejecutaría la autónoma, por lo que ordenó que el Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador –en donde se está dirimiendo el proceso- continúe fundamentando el embargo.
“Los magistrados se tardaron únicamente tres días, rechazando nuestra petición para que se ejecute el millonario embargo”, matizó Álvarez.
La CEL presentará en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo, ya que se vulneró el derecho a la motivación de resoluciones judiciales y la tutela jurisdiccional efectiva, según el representante legal de la entidad, Orlando Quijano.
Además, los abogados de la Comisión presentarán una denuncia en la Sección de Investigación Profesional de la CSJ, contra los Magistrados de la Cámara para que se investigue su actuación. Supuestamente contraviniendo la Ley de la Carrera Judicial y la Ley de Procedimientos Administrativos.
La CEL a través de su querella intenta recuperar los fondos; la constructora ASTALDI, según las investigaciones fiscales, recibió, en el Gobierno de Mauricio Funes (2014-2019) $63 millones como arreglo para continuar el proyecto, pese a no cumplir 4 plazos prorrogados por las autoridades de aquel entonces.
El pago de $228 millones corresponde en parte, a los $63 millones de la prórroga, $111 millones equivalente a lo que se dejó de generar desde 2012 a la fecha y $54 millones en intereses por los préstamos que el Banco Centroamericano de Integración Económica, otorgó para la construcción de la obra.
Germán García Arriaza uno de los fiscales del caso, explicó cómo se habrían llevado a cabo los hechos, de los que afirmó «había una planificación para cometer delitos».
El 26 septiembre del 2008 se realizó la contratación entre CEL y la empresa ASTALDI para el proyecto denominado construcción de la Presa Hidroeléctrica El Chaparral, que se encuentra ubicada en San Luis La Reina, departamento de San Miguel.
Este contrato por $219,900,509 se realizó en la modalidad de «llave en mano», lo que indica que no hay alteración del precio ni en el período de construcción, pero cualquier prejuicio en el desarrollo del proyecto debe ser cubierto por el contratista.
Sin embargo, ya en el periodo presidencial de Funes, la constructora presentó a CEL argumentos en el que señalaban imprevistos, como “movimientos geológicos” y “del cauce del río”, con lo que se pretendía justificar un incremento o ajuste del precio del contrato.
El 22 de agosto de 2010, CEL contrata a la firma legal internacional CURTIS, MALLET-PREVOST, COL & MOSTLE, S.C., expertos en arbitrajes internacionales, con el objetivo de prevenir un posible litigio con la empresa ASTALDI, quienes recomiendan un peritaje común técnico para verificar las situaciones geológicas planteadas.
Luego, CEL contrata a NOVOTEC para este peritaje, donde se emitió un dictamen técnico que sustenta las argumentaciones ante realizar el arbitraje; sin embargo, José Miguel Antonio Menéndez “Mecafé”, ordenó a los asesores legales locales buscar un arreglo con ASTALDI y evitar el arbitraje.
En 2011 con el nuevo nombramiento de Leopoldo Samour como presidente de CEL, se ejecuta la orden de llegar a un acuerdo con la empresa, donde se pagó el monto de la obra ejecutada hasta el momento; es decir, $65,255,582; más 45 millones de dólares, que la FGR advierte no existía un fundamento legal. En total fueron $108,500,000 de desembolso.
Con Funes y Mecafé mueven dinero a Roma, Italia, y luego a Honduras y Venezuela donde tiene cuentas con ASTALDI, y con otras firmas representadas por esta empresa.
En 2012, Mecafé y Samour viajan a Panamá y adquieren dos «sociedades fachadas» que serían utilizadas para recibir las dádivas o retribuciones que entregó ASTALDI al ex presidente Funes y Menéndez por el arreglo directo que benefició a la empresa por los más de $45 millones.
Mediante el acuerdo gestionado por Samour, la empresa entregaría 3.5 millones a las sociedades.
Para ejecutar los desembolsos, Mecafé y Pieragostini, representante de ASTALDI, y el testigo clave “Mateo”, elaboraron contratos falsos donde simulaban el pago o retribución de servicios supuestamente brindados por ambas sociedades, que según la acusación fiscal, eran manejadas por Funes.
Luego, parte de estos fondos fueron utilizados para la construcción y funcionamiento de la franquicia de sociedades Latin America Spas, contruyéndose en El Salvador, Panamá y Suiza, propiedad de Funes, administrado por Ada Mitchell Guzmán.
