El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrado de la Sala de lo Constitucional, José Armando Pineda, renunció a su cargo este 3 de mayo, tras la destitución del sábado pasado por la nueva Asamblea Legislativa.
La remoción fue declarada como inconstitucional por el Máximo Tribunal, por lo que el funcionario manifestó en una carta que aún continuaba bajo el cargo; sin embargo, interpuso su renuncia y notifica a la Corte, así como al Parlamento. Esta es la cuarta renuncia de los cinco magistrados involucrados.
Pineda aseguró que no tiene una vinculación partidaria, como habría sido señalado en su destitución.
Jueces rechazan destitución y nombramiento de magistrados de la Sala
“Todas mis decisiones como juez institucional han sido conforme a mi criterio jurídico en respeto a la Constitución”, dijo en un documento firmado y compartido en la cuenta de Twitter de la Asamblea Legislativa.
El ahora exmagistrado concluía sus funciones el próximo 30 de junio.
En el decreto del Congreso, se conoció que la destitución corresponde a que los magistrados habrían cometido una «arrogante intromisión» al Gobierno del Presidente Nayib Bukele, haciendo referencia a las sentencias de inconstitucionalidad sobre las cuarentenas por la pandemia de COVID-19, así como el régimen de excepción que se declaró a nivel nacional.
Según los diputados del partido cyan, incurrieron en «violaciones a los derechos a la vida, salud, seguridad jurídica, separación de poderes y principio de legalidad», con una serie de Decretos que redujeron el rango de operatividad que el Gobierno volcó frente a la pandemia del COVID-19.
La nueva Sala ya fue instalada.
En la cuenta de twitter de la Sala de lo Constitucional fue publicado un comunicado en donde los nuevos funcionarios expresan que su nombramiento es «un ejercicio legítimo amparado en la Constitución de la República».
«Que, conforme a los mandatos de la Constitución de la República, la Asamblea Legislativa realizó una nueva conformación subjetiva de la Sala de lo Constitucional, cuya elección, responde a las más altas corrientes del pensamiento jurídico que exige la Carta Magna», expresan en la misiva.
En dicho documento, con fecha de 2 de mayo del 2021, consignan que como máximo tribunal constitucional les compete «enjuiciar y emitir las resoluciones que como control exige» y fuera de ello «no hay entidad competente para atribuirse competencias o prerrogativas inexistentes».
