El enviado especial del Departamento de Estado de EE. UU. para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, se encuentra en El Salvador desde el 10 de mayo, en una visita de dos días, en los que se reunirá con funcionarios y representantes del sector privado.
De acuerdo con la embajada estadounidense en San Salvador, Zúñiga planea discutir “el fortalecimiento democrático, el respeto a los derechos humanos, el combate a la corrupción y el cese de la migración” en el país; que hoy atraviesa una crisis política derivada por la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General.
Esta sería la segunda visita que concreta Zúñiga. La primera fue el 7 y 8 de abril, con motivo de conocer las causas de la migración irregular a través de consultas con organismos de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. Sin embargo, el Presidente Nayib Bukele no lo recibió.
En esa ocasión no hubo reacciones de las partes, pero ocurrió en un contexto en el que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, instó al Gobierno de El Salvador a “preservar los estándares democráticos”.
La Comisionada Presidencial para Operaciones y Gabinete, Carolina Recinos, calificó como “muy positivo” la llegada del funcionario, pero remarcó que desconocen los puntos a abordar.
“Ahora vienen a darle continuidad a una agenda que inició en aquel entonces. Este mes hemos trabajado en la estructuración del plan de atención a retornados, pero también opciones y oportunidades que vamos a generar para frenar los flujos migratorios, la agenda la van a dar a conocer ellos…”, explicó este martes, al salir de una entrevista televisiva.
Por otra parte, Recinos rechazó que la nueva visita se fundamente en la substitución de los funcionarios judiciales. “Definitivamente, será un tema que vamos a hablar con él y le entregaremos la posición institucional, no hemos tenido el Gobierno de Estados Unidos, ninguna comunicación oficial, solo de personas que ni forman parte del Gobierno de Joe Biden, del Enviado Especial sí, además es nuestro socio principal, nosotros le transmitiremos la tranquilidad que se vive en el país”, agregó Recinos.
Zúñiga llega una semana después que Washington declaró su «grave preocupación», luego que la Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas, avaló separar a los ex Magistrados, Armando Pineda Navas, Carlos Sánchez, Marina Marenco, Carlos Avilés y Aldo Cáder; asimismo, el Fiscal General Raúl Melara. Tanto Estados Unidos como organismos regionales sostuvieron que las destituciones lesionan la democracia y la separación de poderes.
Recientemente Bukele se reunió con el cuerpo de representantes diplomáticos de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para dar su versión de los hechos. Pero el encargado de la embajada de Estados Unidos no participó.
El mandatario —que hizo un recuento de los acontecimientos— mostró su asombro por las condenas internacionales que lo calificaron como un grave golpe a la democracia y destacó la ausencia del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Brendan O´Brien, al frente de la sede diplomática desde el pasado mes de enero. “No sé porque no vino, pero me preocupa porque cuando uno solo tiene una versión de un lado lo más seguro es que se equivoque en con en su conclusión”, aseguró.
Entretanto, César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), dijo a los periodistas que la visita de Zúñiga “debemos verla como una muestra de buena voluntad de Estados Unidos de trabajar con todos los gobiernos”.
Ríos pidió al presidente Bukele que en esta ocasión “interceda para garantizar los derechos humanos de todas las familias que caminan en la ruta del migrante; que interceda para que los diferentes gobiernos de la ruta del migrante no criminalicen el tema migratorio”.
“Estamos forzados a salir por una inestabilidad económica provocada en primer lugar porque los gobiernos no garantizan la calidad de vida de la población, y segundo, la pandemia tuvo un impacto grande”, agregó.
Zúniga, como enviado especial de Biden para el Triángulo Norte de Centroamérica, que integran Guatemala, El Salvador y Honduras, busca disminuir la inmigración irregular de sus habitantes que huyendo de la pobreza y la violencia en la región pretenden llegar a Estados Unidos.
En Estados Unidos viven 2,5 de los 3 millones de salvadoreños que residen en el exterior y el envío de sus remeses representa el 22% del PIB del país.
