Por: Redacción YSKL
Para este jueves se tenía programada la audiencia de revisión de medidas contra tres personas, acusadas por la Fiscalía General de la República (FGR), de negociar con las pandillas a cambio de su apoyo en las elecciones presidenciales del 2014, y legislativas del 2015; no obstante, esta diligencia fue suspendida.
Los imputados en este caso, son: Benito Lara, ex Ministro de Justicia y Seguridad desde 2014 a 2016; el experiodista y columnista Paolo Luers; y el dirigente de una ONG, Wilson Alexander Alvarado Alemán, quienes según la Fiscalía habrían servido de enlaces entre los políticos con cabecillas de pandillas.
A todos se les imputa el delito de Agrupaciones Ilícitas y Fraude Electoral. Los cuatro tenían, desde el 1 de febrero del 2020, fecha en que inició el proceso en su contra, medidas sustitutivas a la detención otorgadas por el Juzgado 2° de Paz, a pedido de la Fiscalía.
La diligencia fue solicitada por la representación fiscal con el fin de que la juzgadora valore la calidad de los arraigos de los imputados y las medidas sustitutivas con las que se encuentran actualmente y que resuelva en su momento la imposición de la detención provisional.
Sin embargo, esta audiencia se suspendió debido al recurso de revocatoria que presentó la defensa de Benito Lara, en virtud de la disposición que ha tenido el ex funcionario para acudir al tribunal a firmar acta, esto como parte de las medidas alternas que recibió.
La investigación de este caso tuvo como base las declaraciones de dos testigos con criterio de oportunidad denominados “Noé y Salomón”, miembros activos de grupos criminales en la época en que presuntamente ocurrieron los hechos, estos señalaron que mantenían negociaciones con actores políticos con beneficios bilaterales.
El nombre de Lara apareció en las declaraciones que dieron los testigos en el Juzgado Especializado de Sentencia A, que dirimía la causa contra 400 pandilleros, en donde se reveló que siendo funcionario, ofreció beneficios carcelarios a los pandilleros de alta peligrosidad, consta en expediente fiscal que ofreció trasladar a los cabecillas de pandillas hacia los penales de menor rigurosidad, pues dirigía la cartera que preside Centros Penales.
En el caso de Lüers y Alvarado Alemán, se les señala de servir como interlocutores entre los pandilleros y los políticos señalados, con actos que iban desde la planificación de las reuniones, hasta los intercambios de mensajes entre las estructuras criminales.
