El Juzgado especializado de Sentencia “A” de San Salvador entregó este jueves el fallo de la sentencia del caso denominado “Operación Cuscatlán”, proceso en el cual se condenaron a 373 pandilleros a penas que oscilan entre los cuatro y 70 años de prisión.
Entre los condenados estaban los máximos líderes de la MS a nivel nacional, que entre ellos eran conocidos como la “ranfla histórica”, los cuales son: Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, Saúl Antonio Turcios, Eduardo Erazo Nolasco, Hugo Armando Hernández, Leonel Alexander Gonzales Leonardo, Ricardo Díaz, Jorge Chacón, David Alexander de León y Élmer Canales Rivera.
Con base a las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Godofredo Salazar, expuso en el documento las reuniones que las pandillas tuvieron con alcaldes, diplomáticos y otros funcionarios públicos.
“Sobre la alcaldía de Ilopango de acuerdo a las intervenciones telefónicas, resulta evidente los grados de comunicación y confianza que tenían los miembros de pandillas con el alcalde, donde resulta difuso identificar quien ejercía materialmente la administración, pues los miembros de pandillas asignaban según su voluntad, incluso el recurso humano que laboraba en la alcaldía”, reza parte del documento.
Además, se hace mención de dinero que los partidos políticos entregaron a las pandillas, “Los partidos políticos les aportaron seis cantidades de diferentes montos; les entregaron dinero el FMLN, luego ARENA; el FMLN les entregó dinero antes de las elecciones presidenciales de 2014”.
El juzgado reconoció que el FMLN hizo seis pagos a la MS para apoyar la fórmula presidencial de Salvador Sánchez Cerén y Óscar Ortíz “al inicio les entregaron veinticuatro mil quinientos dólares; la segunda entrega fue de treinta y cinco mil dólares, se dio como quince días después de la primer entrega; la tercera entrega fue de veinticinco mil dólares, se efectuó una semana antes de la primera vuelta electoral; la cuarta fue de cinco mil dólares, que se entregaron como una semana después de hacer la tercer entrega; la quinta entrega fue treinta y cinco mil dólares, se efectuó dicha entrega para el periodo de la segunda vuelta electoral; la sexta entrega fue de siete mil dólares, se entregó cuando se proclamó ganador de la Presidencia el FMLN; el encargado por parte del FMLN para hacer esas entregas de dinero fue Arístides Valencia”, puntualiza.
Además hizo hincapié que ARENA, entregó 69 mil dólares a las pandillas en ese período, a connivencia del ex mediador de la tregua Raúl Mijango. Según las investigaciones, el dinero se entregó en una casa de la Colonia San Benito de San Salvador.
Además, en el documento se lee que según la prueba que desfiló en el juicio “deberán individualizar las responsabilidades en las que hayan podido incurrir los ciudadanos Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Cerén en su calidad de Presidentes de la República, Arístides Valencia, David Victoriano Munguía Payés y Benito Lara, como Ministros e integrantes del Gabinete de Seguridad; la persona de nombre Wilson quien fungía como miembro de una ONG vinculada al partido FMLN; el señor Paolo Luers”.
También se pide investigar a “los miembros del partido ARENA Jorge Velado, Norman Quijano, Ernesto Muyshondt, Ernesto Angulo; los integrantes de la red de pastores; las municipalidades de Sonsonate, La Libertad, Ilopango, San Salvador, Cuscatancingo, Santa Tecla, Usulután, San Marcos, Soyapango y Apopa que fueron relacionadas en el presente caso; asimismo, debe precisarse la intervención de miembros del cuerpo diplomático como el embajador de Alemania y los organismos de dirección de los partidos políticos”.
En dicha sentencia el juzgado certifica el documento a fiscalía, “para que investigue los hechos y delitos que puedan configurarse según la prueba valorada, para cada uno de los funcionarios, autoridades públicas y eclesiásticas, actores políticos, los organismos de dirección de los partidos políticos, unidades de investigación de la corporación policial e integrantes de la sociedad civil mencionados en el desarrollo del juicio”.
Además el juez reprendió a la FGR, en el sentido que debe investigar “la actuación de los titulares del Ministerio Público Fiscal ante eventuales omisiones al deber de investigar lo ocurrido”.
