Para corroborar si existen investigaciones contra la Comisionada Presidencial de Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, el abogado Fabio Castillo asistió a la Fiscalía General de la República (FGR).
Según el abogado, la petición se ha hecho a 4 oficinas públicas de control, tal como la Fiscalía este lunes, así como la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
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Sin dar más detalles, dijo que de una de estas instituciones ya había obtenido respuesta, pero hasta conocer la información de las 4 darán a conocer los datos.
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Retó a presentar pruebas de posibles delitos
Castillo aseguró que Recinos «no ha hecho nada incorrecto y nada con una mala intención», por lo que atribuyó los señalamientos de corrupción y nepotismo a acciones políticas.
«Estoy tentado a hacer un llamado a que cualquier persona que crea que Carolina ha cometido algo indebido, a que me lo indique a mí con la prueba correspondiente. Prácticamente podría decir una investigación a cualquier persona con algunas excepciones de personas que siento que son malintencionadas, como Pablito como Bertita. El resto de gente puede llamarme: “mire sé de algo”», dijo Castillo a la prensa.
¿De qué señalan a Recinos?
«Ustedes lo han visto, uno de ellos es la publicación repetida que está en una lista del Congreso de EE.UU. conocida como lista Engels. Otro, han dicho de nepotismo por un préstamo a una hermana de ella en un banco del sistema financiero por $21 mil dólares. Yo la conozco, ese préstamo si no lo pudiera pagar la hermana, lo pago yo, me constituyo un fiador», expuso.
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El pasado mes de mayo, se conoció un listado que envió el Departamento de Estado de Estados Unidos al Congreso de «funcionarios corruptos» en El Salvador, en el que aparecía la Comisionada Recinos.
«Participó en importantes actos de corrupción durante su mandato», señaló el documento.
Además, en abril pasado, la Fiscalía liderada en ese momento por Raúl Melara (destituido el 1 de mayo por la nueva Asamblea Legislativa), solicitó información al Ministerio de Justicia de España sobre la Comisionada Presidencial Carolina Recinos, el Ministro de Salud, Francisco Alabí y el empresario español Francisco Javier Sánchez-Brunete Herraiz, por presuntas compras irregulares en el marco de la pandemia.
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