Organizaciones pro defensa de la prensa en El Salvador reaccionaron a la medida y denunciaron nuevos ataques contra la prensa.
Por: Voz de América
Después de que el Gobierno de El Salvador confirmara la expulsión de ese país del editor del medio digital El Faro, Daniel Lizárraga, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó la acción contra el periodista de origen mexicano.
La organización publicó en un comunicado de prensa que considera que la medida “se trata de una represalia y un nuevo ataque contra el periodismo independiente” por parte de la Administración del presidente Nayib Bukele.
Autoridades migratorias salvadoreñas informaron el miércoles a Lizárraga, reportero mexicano y coautor de la investigación ‘La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto’, que tenía cinco días para abandonar El Salvador ya que no se podía confirmar que su profesión era la de periodista.
Sin embargo, Carlos Dada, fundador y director de El Faro, dijo que el medio digital se encontraba tramitando el permiso de trabajo del periodista. Dada publicó en su cuenta de Twitter que la acción contra Lizárraga es “es grave pero no sorpresiva”.
«Con este tipo de acciones, se busca hostigar a periodistas y medios independientes. Se trata de enviar un mensaje alto y claro de que el Gobierno no está dispuesto a ser cuestionado», expresó Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.
Por su parte el presidente Bukele, sin hacer alusión a un caso en concreto, pero publicando imágenes de dos experiodistas que luego fueron presidentes de El Salvador, tuiteo que “El Salvador se cansó de los periodistas metidos en política”.
La expulsión de editor de El Faro también generó reacciones entre los miembros de la Mesa de Protección a Periodistas de El Salvador, quienes denunciaron además ataques contra miembros de la prensa y prensa independiente por parte del Estado Salvadoreño.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, pidió al presidente Nayib Bukele “y a sus funcionarios que cesen este tipo de ataques”.
La APES denunció que en los últimos tres días periodistas de diferentes medios de comunicación han enfrentado declaraciones “estigmatizantes, agresiones físicas y expulsión del país” solo por ejercer su profesión.
A inicios de año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de toda la redacción del periódico digital El Faro por su «situación de gravedad y urgencia de riesgo». La SIP instó entonces a la CIDH a extender el recurso a otros medios y periodistas hostigados por el gobierno.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), un subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jerez, estuvieron involucrados en lo que la Mesa de Protección a Periodistas denominó como vulneraciones a la libertad de prensa.
Esto al referirse a los últimos casos, el primero el pasado 5 de julio contra un periodista de canal 33, Luis Muñoz, a quien el Presidente de la Corte lo llamó «periodista de mentalidad pobre», luego que este le preguntara sobre su relación con el exfiscal General, Luis Martínez, en 2014 por «burlar» una investigación penal por evasión de impuestos.
Así también, sobre la expulsión del editor de El Faro, el mexicano Daniel Lizárraga, por Migración; de quien la autoridad estatal expuso que no se pudo acreditar su calidad de periodista; a pesar de ello, los representantes del medio digital argumentaron que cuenta con una trayectoria que data desde 1993 en varias investigaciones para Aristegui Noticias. Además trabajó en los medios Reforma, El Universal y Revista Proceso, todos mexicanos.
Así como la agresión física por el policía Raúl Martínez Velásquez, al periodista Jorge Beltrán Luna, mientras daba cobertura al hallazgo de un joven desaparecido el martes en Apopa.
El subinspector PNC impidió que el periodista se acercara al perímetro fijado de la escena del crimen, ubicada en las riberas del Río Romayate, en la comunidad Pino, del municipio de Apopa.
El incidente quedó captado en video que el mismo Beltrán Luna grabó con su teléfono, en el mismo se puede ver cómo el oficial le ordena detener la grabación, bajo el argumento que estaba interfiriendo con el procesamiento de la escena.
Según el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, estas han crecido en este año en comparación del 2020; pues entre el 1 de enero al 7 de julio se contabilizan 153 vulneraciones, cuando el año anterior fueron 125.
«El aumento de vulneraciones tiene su efecto ante la narrativa antiprensa que el gobierno Nayib Bukele ha instaurado en el país y del que el resto de funcionarios y seguidores del bukelismo aprovechan para atacar a la prensa independiente en un claro ejemplo de intolerancia, sabiendo que sus actos quedarán en la impunidad», expusieron.
La representación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que han abierto expedientes de investigación en los 3 casos, para el caso que involucra a un miembro policial se comunicaron con el secretario de seguridad profesional, quien confirmó que iniciaron una investigación interna.
