Luego que el Gobierno ingresara a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para que información oficiosa pueda considerarse reservada, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz presentó una contrapropuesta.
El documento que remitió el Ejecutivo solicitaba que se pudiera declarar reservada la información relativa a planes gubernamentales, resultados de auditorías, directorios, correos, salarios y currículum de funcionarios públicos; detalles de asesores; presupuestos asignados a instituciones gubernamentales; contratación de personal; remuneraciones, por categoría salarial, dietas y gastos de representación; planes operativos; listados de viajes de titulares, que involucren fondos públicos; informes contables; inventarios y financiamiento de obras.
Reformas planteadas
- Declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos que sea información oficiosa. En la segunda propuesta del Gobierno, desistieron de pedir reserva en este aspecto, pues la primera versión señalaba que la declaración patrimonial de probidad de inicio y cese de funciones de los funcionarios y empleados públicos, pasarían a la categoría de “Información Confidencial”, que revista en el artículo 24 de la LAIP.
- Que las reservas tengan un máximo de 3 años y no de 7 como ya plantea la ley.
- Que las reservas declaradas por las instituciones de gobierno venzan un año antes que finalice el mandato presidencial.
- No regresión de la información pública: No debe restringirse, detenerse o interrumpirse la divulgación de un determinado dato o información pública que ya haya sido divulgada en un formato específico con anterioridad.
- Estarán obligados a cumplir la ley, además de las instituciones públicas, todas las que hayan recibido recursos o bienes en carácter de donación de fondos públicos.
- Serán información oficiosa las políticas públicas, planes, programas o bases de datos estadísticas, protegiendo la información confidencial; así también, los planes, procesos, proyectos, propuestas, informes, permisos, compras, protocolos, políticas públicas, leyes, reglamentos, lineamientos en favor de su ejercicio pleno y todo aquello que afecte o beneficie los derechos enunciados y en general los derechos fundamentales.
- Información de interés nacional la «que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad relativa al derecho a la salud, a la educación, al medio ambiente y demás derechos fundamentales, por lo que, de conformidad con el principio».
Ortiz señaló que la propuesta presentada fue consultada con la población a través de audiencias virtuales y borradores, aumentando las reformas.
