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Por: Redacción YSKL
Diferentes organizaciones medioambientales le entregaron el viernes al Relator Especial del Detecho Humano al Agua de Naciones Unidas, un compendio de procesos administrativos que han solicitado empresas salvadoreñas para explotar el vital líquido a expensas de perjudicar a las comunidades aledañas.
Son varios convenios, suscritos por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y las empresas constructora Roble y Dueñas Hermanos LTD, mediante los cuales, concesiona más de 25 millones de litros de agua al día.
El informe contiene un análisis de la constitucionalidad, legalidad y violaciones al derecho humano al agua de los convenios que durante 15 años, ANDA ha venido suscribiendo con diversas empresas, haciendo énfasis en los firmados por Roble y Dueñas para suministrar de agua las residenciales Ciudad Valle El Ángel y Paseo El Prado, que están en construcción.
“Esta especulación inmobiliaria que se ha realizado en los últimos años en el país han reflejado procesos muy irregulares, en donde se le da sendas cantidades de agua a empresas sin ninguna medida de reparación”, señaló Óscar Ruíz de Acua El Salvador.
Por otra parte al Relator se le entregó un cronograma de expedición de permisos, detallando tres instrumentos: El Fihidro (2006); el Convenio ANDA – Dueñas (2016); y el Convenio ANDA – POMA (Grupo Roble, 2018).
Estos acuerdos permitieron al sector inmobiliario acaparar enormes cantidades de agua para abastecer sus proyectos urbanísticos.
“Esto se hace mediante el acuerdo de un proyecto de inversión privada que lleva aparejado el establecimiento de muchas condiciones, obligaciones, derechos y plazos para la ejecución del mismo, el pacto incorpora aportes financieros del especulador a cambio de la entrega de agua”, añadió Judith Barrera del Colectivo Salvemos Valle El Ángel.
A consideración de Carlos Flores, del Foro del Agua, el derecho humano a este componente se vulnera cuando los contratos de concesión se destina exclusivamente a proyectos de vivienda.
“Solo con los 25 millones de litros de agua concesionada a la familia Dueñas y Poma se podría abastecer a medio millón de personas que habitan en municipios pobres como Apopa, Tonacatepeque, Cuscatancingo, Soyapango, Ilopango, y San Martín”, destacó.
Los colectivos harán la petición al Relator Pedro Arrojo, a conocer Los convenios, los impactos en el medio ambiente y el derecho al agua a las comunidades y que, de acuerdo a sus facultades emita conclusiones sobre su contenido y recomiende al Estado cesar las adjudicaciones de explotación de agua.
