Por: Redacción YSKL
Para la Confederación de Federaciones de la Reforma Agraria (CONFRAS), el 2021 fue un año más de retrocesos en el desarrollo del sector agropecuario.
El agro, dijeron, ya estaba en problemas con la excesiva importación de alimentos básicos, los efectos de los fenómenos climáticos y el cierre de programas gubernamentales que apoyen al sector, aseguró Julio Beltrán, representante de CONFRAS.
En la segunda mitad del 2019, el Gobierno cerró varios programas que dinamizaban la producción agrícola entre ellos, el programa de agricultura familiar y además, liquidó 4 programas: acuicultura familiar en municipios de pobreza, desarrollo y modernización rural, atención comunitaria y apoyo al café.
En cuanto al precio de granos básicos nacional, este cayó desde 2020, cuando el Gobierno optó por adquirir en México 100,000 toneladas de granos, unas 50,000 toneladas de maíz blanco, 30,000 de frijol rojo y 20,000 de arroz. “Esa compra se hizo a precios más altos que los locales y a pesar que el país contaba con la cantidad suficiente para cubrir la demanda nacional”, explicó Beltrán.
El 2021 cierra con el encarecimiento de insumos y el transporte, que según CONFRAS elevó los costos de producción agrícola (maíz, maicillo, frijol, arroz, hortalizas, frutas, café y caña) y pecuaria (carnes, lácteos, huevos, miel y pescado).
“A dos años y medio de gestión, el Gobierno aún no cuenta con planes de desarrollo agropecuario y, si acaso los tiene, tampoco los conocemos, pues se están implementando por otro grave problema: la falta de financiamiento”, señaló el líder de CONFRAS.
El 25 de mayo del 2021, la Asamblea Legislativa le aprobó al Gobierno dos fideicomisos por $1,290 millones de dólares, $650 millones para financiar la producción de granos básicos, hortalizas, frutas, carnes y lácteos y $640 millones para el rescate del sector cafetalero. Según dijo la asociación de agricultores, ninguno de los recursos ha llegado a las manos de los productores y el Ejecutivo sigue sin dar cuenta del retraso.
Cinco problemas trascendentales enfrentan los productores de granos básicos para el próximo año:
- La falta de tierras para cultivo. 150 hectáreas no están reguladas bajo la segunda fase de la Reforma Agraria, por lo que proponen distribuirlas por medio de una nueva ley que le faculte al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA).
- Falta de aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, aprobada en 2021 que actualmente no ha sido financiada en el presupuesto 2022.
- Aprobación de la Ley de Recursos Hídricos que pone el control del agua a empresas con capacidad para explotar mantos acuíferos que son necesarios para el riego de cultivos.
- La amenaza que representa la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales e Institucionales que permite la expropiación de bienes declarados de interés social que requiera el Gobierno.
- Aún no se operativiza la Ley de Soberanía Alimentaria que garantizaría alimentos locales, libres de agroquímicos y garantía de producción sostenible.
