Por: Redacción YSKL
“Con una puntuación media de 43 por tercer año consecutivo, los países de las Américas están paralizados en la lucha contra la corrupción”. Este fue el primer análisis que divulgó el lunes Transparencia Internacional sobre el estado de la institucionalidad en las Américas.
La coalición de organismos dedicados al combate a la corrupción estimó en un informe que a pesar de tener un amplio desarrollo legislativo y un compromiso regional para luchar contra este mal, la corrupción en el continente “continúa debilitando la democracia y los derechos humanos”.
Este año las Américas tienen a 22 países sin cambios estadísticamente significativos en su lucha contra la corrupción.
En los últimos 10 años, solo Guyana (puntuación: 39) y Paraguay (30) han logrado mejoras significativas.
En el mismo período de tiempo, tres de las democracias más sólidas de la región, Estados Unidos (67), Chile (67) y Canadá (74), quienes lideran el ranking este año, muestran un deterioro y sólo Uruguay (73) se mantiene estable. Venezuela, Haití y Nicaragua, países no democráticos y que enfrentan crisis humanitarias, obtienen la peor puntuación con 14, 20 y 22 puntos cada uno.
No obstante, la evaluación del funcionamiento institucional en la región centroamericana dejó varios hallazgos, entre los países que destaca el informe se encuentra El Salvador.
“En 2021 la región presenció fuertes golpes a la libertad de expresión, prensa y de asociación, derechos civiles y políticos fundamentales para construir democracias saludables y libres de corrupción”, reza el informe, enumerando a Brasil, Venezuela, El Salvador y Guatemala, de cuyos Gobiernos se identificó el uso la intimidación, la difamación, las noticias falsas (fake-news) y los ataques directos contra organizaciones de la sociedad civil, periodistas y activistas, incluyendo a quienes luchan contra la corrupción “como mecanismos para desprestigiar y silenciar las voces críticas”.
El estudio comparó las gestiones de los Presidentes Jair Bolsonaro en Brasil y Nayib Bukele en El Salvador, que utilizaron, según indica, la lucha contra la corrupción como bandera de campaña para atraer a un electorado decepcionado con la política tradicional, cansado de la corrupción y exigente del respeto a sus derechos humanos.
“En contra de sus propias promesas, estas figuras populistas no han presentado avances en su lucha contra la corrupción, pero sí han tomado medidas antidemocráticas, violatoria de derechos y regresivas para combatir este ma”, se lee en el informe.
El Salvador fue calificado como “País a observar”, pues se considera que para el 2022 El Salvador (34) podría “consolidarse” como una “dictadura si se sigue socavando la democracia, persiguiendo voces críticas y restringiendo los derechos civiles y políticos”.
“Este país muestra un derecho al acceso a la información cada vez más restringido y altos niveles de opacidad en el uso de fondos públicos. Se presume que altos funcionarios del gobierno participaron en esquemas de corrupción multimillonarios en la respuesta a la crisis de Covid-19 y como parte de las elecciones locales. Varios funcionarios del actual gobierno, así como de los anteriores, fueron incluidos en la Lista Engel publicada por Estados Unidos, acusados de corrupción y de atentar contra la democracia en el país”, se lee en otro extracto.
Por otra parte, Transparencia Internacional se mostró preocupada por las medidas tomadas por el gobierno para socavar la independencia de las instituciones de justicia y cerrar el espacio cívico. Por un lado, destituyendo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general sin un debido proceso. Por el otro, “atacando públicamente y promoviendo leyes que atentan contra organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, y periodistas independientes”.
Este organismo expone cuatro recomendaciones para lograr que las Américas “termine con el flagelo de la corrupción y supere la crisis de democracia y derechos humanos”.
“Adicionalmente los gobiernos de la región tienen que tomar acciones contundentes para fortalecer la transparencia, la integridad y la independencia de los sistemas de justicia, dotando de recursos económicos, técnicos y protección a las fiscalías encargadas de investigar casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos”.
“También deben promover la protección de denunciantes e incorporar la perspectiva de género y de diferentes grupos vulnerables en las estrategias de lucha contra la corrupción”.
“La grave situación en la región ha demostrado que el apoyo de la comunidad internacional a la sociedad civil, los activistas, periodistas independientes y denunciantes de casos de corrupción es clave. Asimismo, los países donantes, los organismos multilaterales y regionales de crédito deberían fortalecer la evaluación del entorno de corrupción y de respeto a los derechos humanos en los esquemas de otorgamiento de préstamos y exigir la transparencia en la ejecución de proyectos con fondos internacionales y el establecimiento mecanismos de monitoreo independientes”, puntualizan.
