La elección del Fiscal General en la Asamblea Legislativa contó con 20 diputados suplentes, que podrīa considerarse una posible infracción constitucional, señala el informe del Observatorio para el Funcionamiento Institucional de Acción Ciudadana sobre las elecciones de segundo grado en dicho Órgano de Estado.
El proceso de selección fue uno de los que menos participación de abogados ha tenido en los últimos años con solo 7 candidatos, cuando en 2016 fueron 73 y en 2019 se contabilizaron 32 propuestas, según el informe.
Uno de los aspectos que fueron más resaltados por Acción Ciudadana, fue la creciente participación de diputados suplentes en la sesión plenaria de elección, haciendo 20 en total, de los cuales 14 fueron del partido Nuevas Ideas, 2 de FMLN, 1 de GANA, 1 del PCN, 1 de ARENA y 1 sin grupo parlamentario.
Previo al nombramiento, se hablaba de posible división entre los diputados de la bancada mayoritaria, Nuevas Ideas, ante la elección de Rodolfo Delgado, quien ya había obtenido el puesto tras la destitución de Raúl Melara por la misma legislatura en su primer día de posesión, hecho que fue criticado por la comunidad internacional, junto a la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional, que llevó a la inclusión de funcionarios en la Lista Engel o listado de corruptos y antidemocráticos en Centroamérica por la Secretaría de Estado de Estados Unidos.
A pesar de ello, el jefe de fracción cyan, Christian Guevara, negó la supuesta división.
De los 20 suplentes llamados a la plenaria, 18 votaron a favor de la reelección de Delgado como titular de la Fiscalía General de la República (FGR); es decir, sin estas sustituciones, solo se hubieran obtenido 48 votos y no se alcanzaban los 56 necesarios para el nombramiento.
En el proceso de elección también resaltaron que el Parlamento no cumplió estándares internacionales en las elecciones de segundo grado, pues establecen que:
- No fue público el perfil de FGR ni criterios de evaluación.
- No fue pública la deliberación ni toma de decisión de la Asamblea Legislativa.
- No toda la información fue pública.
- No hubo criterios de evaluación ni herramientas.
- No se definió un perfil.
- La Asamblea Legislativa no realizó alguna prueba de actitudes y conocimientos.
