La CIDH recuerda al Gobierno salvadoreño una sentencia que le ordena dar acceso a archivos militares y pide una investigación por el bloqueo de la Fuerza Armada

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, condenaron que la Fuerza Armada, impidió una diligencia de un Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, de revisar los documentos relacionados a la masacre de El Mozote, que se encuentran en poder del Estado Mayor Conjunto (EMC).

“La CIDH recuerda que El Salvador ha sido ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a adoptar medidas para garantizar el acceso a los archivos útiles a la investigación de violaciones a los DDHH durante el conflicto armado con el fin de asegurar el acceso a la justicia y derecho a la verdad”, reza parte de un pronunciamiento que emitió la Comisión en Twitter.

El llamado se hace sólo 24 horas después, que el jurídico del Ejército, Coronel Carlos Vanegas, increpó al juez Jorge Guzmán a las afueras de las instalaciones del EMC, alegando que por el artículo 168 de la Constitución, no podía darle el acceso por tratarse de documentación que contienen “planes secretos”.

“Esa prohibición se extiende para los Órganos de Estado incluso, entonces no se va a permitir el ingreso a los archivos”, le dijo el oficial al jurista, quien le rebatió que no había manera de alegar, ya que se trataba de una orden judicial.

Guzmán le dijo que la decisión no era válida, pues la Ley de Acceso a la Información Pública desestima esa narrativa, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

Al no tener una respuesta favorable, el Juez documentó los hechos al Consejo Nacional de la Judicatura, la autoridad en el quehacer de los jueces, en donde dio por constatado que no se pudieron hacer las diligencias.

Este martes, Guzmán emitió una resolución al Presidente Nayib Bukele y el Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, para que expliquen en un lapso de cinco días, las razones por las cuáles no se permitió la entrada del cuerpo judicial.

Para David Morales de Cristosal, las autoridades que negaron el ingreso del juez, así como la cadena de mando, pueden acreditárseles una comisión de delito. «Este es un bloqueo al más alto nivel, aquí en el Estado Mayor Conjunto, también está el despacho del Ministerio de Defensa, así que no puede haber aquello del ‘no sabía’; aquí se configura el delito de incumplimiento de deberes, actos arbitrarios, hasta de incumplimiento de una orden judicial».  

Tanto la CIDH, como la Relatoría pidieron al Gobierno de El Salvador “cumplir con dichas decisiones judiciales, garantizando el acceso sistematizado de los archivos relevantes a las investigaciones judiciales y establecer una investigación por la negativa de cumplir la orden de acceso a los mismos”.