Un recurso de apelación fue interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para pedir que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) revele los datos sobre los procesos de compra, licitación y distribución de paquetes alimentarios.
El recurso corresponde al abogado y diputado suplente de ARENA, Carlos García Saade, quien señaló que solicitó la información al MAG y le respondieron que esta había sido declarada como reservada.
Según los datos del caso, el Ministerio declaró como información reservada documentación respecto de adquisiciones, distribución y liquidación de ayuda alimentaria, debido a que existe una auditoría en curso de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
La reserva es por dos años.
Ministro de Agricultura indicó que reserva a datos de compras y distribución de paquetes alimentarios se debe a que «la Corte de Cuentas estaba soltando información»
Esta resolución ministerial se emitió previo al inicio de las auditorías de la CCR, mismas que se retrasaron y la extitular de la institución de contraloría, Carmen Elena Rivas, solicitó a la Presidencia de la República que se recomendara al Ministerio que se realizara la fiscalización, asunto que también fue notificado a la Asamblea Legislativa.
«Solicitamos información sobre lo que habían comprado, lo que integraban los paquetes, cómo se había hecho compra, licitación, si fue por compra directa. Preocupa que el Gobierno siga ocultando información no a nosotros como políticos, sino a los ciudadanos de qué están haciendo con sus impuestos», destacó Saade.
Además, expuso que «llama la atención que muchos de sus candidatos y muchos de sus funcionarios de Nuevas Ideas han tenido licitaciones a favor. Hay un candidato que mencionó en una entrevista que obtuvo 14 de 30 licitaciones en las que había participado, es increíble la corrupción».
La compra de estos insumos fue cuestionada en dos ocasiones por los diputados de la Asamblea Legislativa, la primera por posibles compras a sobreprecio de granos básicos a Sinaloa, México.
La segunda debido a que se habrían hecho transferencias presupuestarias sin autorización legislativa por $23 millones, tomando presupuesto que era dirigido al salario de trabajadores; asuntos que contrarían la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI).
