La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió a trámite la controversia constitucional entre el Gobierno y la Asamblea Legislativa el decreto 800 de un préstamo de $50 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que financiaría parte del déficit fiscal del Presupuesto General de este año.
La razón del veto era que la aprobación había sido inconsulta con el Ministerio de Hacienda, por lo que sería inconstitucional.
Además, la Presidencia de la República señaló que con referido decreto se vulneró el principio de deliberación parlamentaria del artículo 135 inciso 1° de la Constitución, por haberse aprobado con dispensa de trámite y sin que el Parlamento justificara dicha decisión ni permitiera la deliberación de sus miembros «sobre la conveniencia o inconveniencia en la aprobación del mismo».
El Presidente Nayib Bukele también dijo a los magistrados que los diputados infringieron los artículos 137 inciso 2° y 138 de la Constitución, por no considerar realmente las razones de inconstitucionalidad aducidas antes de proceder a la superación del veto, sino que procedió de manera automática a la votación.
Ambas partes tendrán 10 días para argumentar al Máximo Tribunal sobre las ilegalidades planteadas.
