La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el decreto de la Asamblea Legislativa que permitía a las 262 alcaldías utilizar el 50% de los fondos de dos préstamos para utilizarlo bajo los destinos del Fondo para el Desarrollo Social (FODES).
Este se trataba de la autorización a utilizar los fondos asignados a las municipalidades en los decretos 650 y 728 que hacían un total de $191 millones 700 mil dólares; por lo que la mitad de estos recursos ($95 millones 850 dólares) se reorientaban al FODES, mismo que no reciben desde el mes de junio.
El decreto 650 consiste en el préstamo de 389 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender el COVID-19, donde el 30% corresponde a las alcaldías por disposición de la Asamblea Legislativa y aprobado por la Presidencia de la República; es decir, $116.7 Millones.
Asimismo, el decreto 728 es de una asignación parcial a un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $197 millones, siendo $75 millones para los municipios.
El decreto fue remitido al Máximo Tribunal por la Presidencia de la República que lo vetó por inconstitucional y fue superado por los diputados; por lo que los magistrados resolvieron la controversia dando la razón al Ejecutivo.
«La razón es que la Asamblea Legislativa no justificó en la sesión plenaria ordinaria n° 143, realizada del 22 al 24 de diciembre de 2020, ni demostró de manera objetiva la urgencia de la dispensa de trámite con que fue aprobado dicho decreto», indica la resolución de la Sala.
Es decir, se declaró que hubo vulneración a los principios de contradicción, libre debate y discusión propia de la actividad legislativa derivados de los artículos 85 y 135 de la Constitución.
Por lo tanto, los recursos no podrán ser utilizados para el FODES.
