Por: Redacción YSKL
El Sistema judicial está en crisis. Es la valoración del Juez Tercero de Sentencia de San Salvador, Juan Antonio Durán, durante su participación en la presentación del estudio “Propuestas para Fortalecer la Independencia e Integridad Judicial del Triángulo Norte de Centroamérica”.
El juzgador hizo hincapié en que la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue nombrada por la Asamblea Legislativa el primero de mayo, ha hecho “insinuaciones” sobre cómo resolver los casos que se dirimen en la administración judicial. A ello se suma la llegada de los nuevos Magistrados el pasado 29 de junio. Que desde la Corte Plena, han presionado en ciertos procesos que riñen con la independencia judicial.
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“Es una situación de crisis. Porque a partir del 1 de mayo, hay una remoción inconstitucional de Magistrados, un nombramiento de Magistrados de manera inconstitucional sin estar en la lista de candidatos que se refiere a la Constitución y la integración de la Corte Plena que se dio, riñe también con la Constitución y esto repercute en la independencia judicial”, advirtió el jurista.
Durán señaló directamente a la nueva Corte Plena de obedecer a lineamientos del partido de Gobierno, en este caso Nuevas Ideas, “sin respetar la estabilidad que señala la Constitución” y desmeritar los plazos de las funciones que le corresponde a cada funcionario.
“Los jueces de la Constitución tienen período de 9 años, ¿Por qué un período tan largo? Para que no dependa de la voluntad del presidente de turno, pero ahora, tenemos una justicia a la carta, porque se va a decidir conforme a lo que se dicte en casa presidencial. Es una situación de crisis que alcanza la independencia judicial, porque en la Corte Plena se deciden los traslados, sanciones, traslados, suspensiones y remociones de los jueces, entonces todos los jueces del país estamos en una situación de zozobra, tal y como se hizo con los jueces constitucionales”, denunció.
Ante el socavamiento de procesos jurídicos y eleccionarios de los Magistrados de la CSJ, tres organizaciones de la sociedad civil de El Salvador, Guatemala y Honduras, presentaron este miércoles un pliego de propuestas para fortalecer la independencia del Órgano Judicial.
El documento fue presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); con apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y en coordinación con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y Contracorriente de Guatemala y Honduras, respectivamente.
Saúl Baños, de FESPAD, manifestó que el estudio se realizó los primeros cuatro meses del 2021, y tiene como objetivo identificar avances, obstáculos y desafíos en materia de independencia e integridad judicial, con la intención de plantear propuestas para fortalecer el Estado de Derecho de los países que conforman el Triángulo Norte centroamericano.
La investigación revela que si bien la situación se asemeja en los tres países centroamericanos, es en El Salvador, que se ha dado más aceleradamente una «debilidad institucional» de la judicatura.
De acuerdo con el informe, también revela que el sistema de separación de poderes en El Salvador “se debilitó aún más”, con la constante injerencia de los otros Órganos de Estado y poderes fácticos en las decisiones y procesos de elección de miembros de las Salas que componen la CSJ.
El grupo de trabajo propuso institucionalizar organismos de participación ciudadana en las actuales legislaciones, para garantizar la interacción y discusión de la elección de Magistrados de las Cortes, para “fortalecer la legalidad, división de poderes y la construcción de sistemas de justicia basados en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
También proponen independizar las oficinas de investigación de abogados y la Sección de Probidad, que incluyan investigaciones y sanciones, fuera de la jurisdicción de la Corte.
