Por: Redacción YSKL
El Salvador ha reducido aún más sus bienes naturales en el último año. Esta fue la valoración de mesas ambientales al explicar el balance del nivel de cumplimiento de políticas y leyes ambientales y los graves efectos sociales que han devenido de ellos.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), señaló que el 2021 estuvo marcado por retrocesos en materia ambiental con la desprotección de los recursos, que aseguró, el Gobierno no se ha mostrado a favor, y por el contrario, ha beneficiado a empresas constructoras interesadas en fuentes de recarga hídrica para proyectos residenciales.
“Hay retrocesos en materia de políticas públicas, en el acceso a la información pública, a la participación y justicia ambiental”, indicó.
Además, recordó que la Asamblea Legislativa ha aprobado iniciativas que van en detrimento de la salud, como las reformas al Código de Salud, que eliminaron los permisos sanitarios para los proyectos de construcción. Asimismo, la Ley de Dominio Eminente para Obras Municipales, que da paso a las expropiaciones para obras de “de interés social”; y la Ley que crea la Dirección de Energía e Hidrocarburos, que abre la puerta a proyectos de minería, prohibidos en la legislación salvadoreña.
“Hay mucha pérdida de biodiversidad, pérdida de bosques, ha habido retroceso en la calidad del agua y la cantidad de agua”, matizó González.
Andrea Padilla, también de UNES, criticó que las administraciones municipales han cambiado la categoría de suelos, en donde se han perdido especies en peligro de extinción. “Podemos mencionar prácticas de quemas de cultivos de caña de azúcar, uso desproporcionado de mantos acuíferos y tierras para biodiversidad de la zona costera”.
“No hay presencia de las autoridades locales y tampoco de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura”, añadió.
El sistema de justicia tampoco ha mostrado signos de cumplimiento de la ley, según el análisis de Ortilia Morán, del Comité Indígena para la Defensa de Bienes Naturales y miembro de la Mesa por la Sustentabilidad; quien expuso el caso del Departamento de Sonsonate, en donde persiste la amenaza de construcción de una presa hidroeléctrica en el Río Sensunapán; la edificación de una residencial en el sitio ceremonial indígena Tacuscalco y más recientemente la extracción de agua en la Hacienda La Labor.
Todos estos escenarios tienen en común un componente, dijo: Los jueces han «dilatado» los procesos judiciales para favorecer a las empresas involucradas. Incluso han ordenado medidas cautelares, que no son cumplidas por las sociedades y el Estado se ha mostrado ausente.
“Lamentablemente ni el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Medio Ambiente han acatado las medidas cautelares; en Cultura hasta trabajamos en inventario de sitios sagrados, se han guardado la información; igual el Ministerio de Medio Ambiente no ha dado permisos pero tampoco ha dado medidas que garanticen la protección. A eso que no presenta informes de factibilidad ambiental, se ha quedado callado”, cuestionó.
