Por: Redacción YSKL
En el marco de la primera audiencia de un juicio que tuvo lugar en el tribunal de Long Island, estado de Nueva York el pasado 17 de abril, se reflotó la versión de presuntos “pactos de gobernabilidad” de las pandillas con Nayib Bukele ante de asumir su primer mandato como presidente de El Salvador en 2019. El caso se inició en 2020 cuando el gobierno de los Estados Unidos presentó una acusación por delitos terrorismo contra catorce líderes de la MS13, la mayor parte operó en territorio salvadoreño.
El único preso presente en el tribunal y líder de la mara salvadoreña “Salvatrucha”(MS13), Elmer Canales Rivera, aseguró que “el gobierno le ayudó a fugarse” y fue recapturado por Estados Unidos en 2023.
La organización criminal es considerada como la más grande de América Central y ha sido una de las más letales del continente, de acuerdo a la acusación fiscal. Entre los inculpados se encuentran todos los jefes históricos de la pandilla, quienes ya superaron los 40 años de edad y consolidaron su poder en las cárceles de El Salvador.
La jueza del distrito este de Nueva York, Joan M. Azrack está a cargo del caso Canales Rivera, quién el 8 de diciembre del último año se declaró “no culpable” de cuatro delitos vinculados con una conspiración por “apoyar, financiar y cometer actos de terrorismo más allá de las fronteras nacionales”.
Las partes involucradas pidieron que se realice un juicio expedito y se presume que el acusado podría revelar información sobre funcionarios salvadoreños que estarían implicados, a cambio de la reducción de su pena.
De acuerdo a una investigación de El Faro, con base a declaraciones y documentos proporcionados por miembros del gabinete Bukele presuntamente fueron vinculados a la fuga Elmer Canales Rivera hacia Guatemala.
Además, en el 2018, en un proceso judicial conocido como Operación Cuscatlán, se destapó una serie de reuniones entre pandilleros y candidatos presidenciales de ARENA y FMLN con las tres principales pandillas, en las que se pactaron beneficios económicos y carcelarios a cambio de apoyos en las elecciones, incluso, para reducir la estadística de homicidios.
En noviembre del 2023 la plataforma ciudadana llamada “Sumar” solicitó ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Sistema Judicial salvadoreño investigar “el actuar” de funcionarios en hechos delictivos “que favorezcan ilegalmente a criminales”.
Dentro del material recabado como evidencia, se encontraron audios en la que ambas autoridades gubernamentales afirmaron que “habían negociado en nombre de Bukele” con los pandilleros.
