MOP presenta aviso a Fiscalía por irregularidades en la implementación del SITRAMSS

El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, presentó un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS).

Según Rodríguez, se hizo una auditoría interna e incluso se contrastó la investigación que había realizado la Corte de Cuentas de la República, en la que se encontraron una serie de “anomalías”.

“Principalmente que la empresa se adjudicó sin tener los requisitos mínimos para realizar este tipo de proyectos; segundo, la empresa constructora no se hizo una licitación adecuada para desarrollar el proyecto”, enfatizó.

Además, el titular de obras públicas dijo que la empresa (la constructora Astaldi) se adjudicó en 2013 y tuvo que haber terminado la obra a finales de 2014, pero se otorgaron dos prórrogas hasta el año 2018 y “según la revisión de Corte de Cuentas no hay forma de cómo justificar esas prórrogas”.

Asimismo, Rodríguez explicó que, entre otros indicios, la terminal del SITRAMSS aunque es propiedad del Estado, “se le ha dado a una empresa privada para que la explote sin realizar una concesión debida”.

En total, el MOP presentó 22 carpetas con información certificada de 21 reparos realizados por Corte de Cuentas; entre ellos, el contrato del préstamo, subcontratos y anticipos, inadecuado proceso de contratación, incumplimiento de los contratos, prórrogas no justificadas, y otras.

“Estos son posibles indicios de corrupción”, aseveró y espera que la FGR inicie las investigaciones y deduzca responsabilidades en los involucrados.

La empresa constructora Astaldi ganó la licitación en 2013 para la construcción de la segunda etapa del SITRAMSS, que abarca el tramo entre Fenadesal y el Hospital Médico Quirúrgico del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Esta empresa está en investigación por la construcción de la presa El Chaparral, en que supuestamente hubo construcciones inconclusas que habrían derivado un pago de $105.5 millones que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) pagó a dicha empresa.