Los diputados superaron con 59 votos el veto presidencial a la Ley Transitoria de Medidas al Sector Agropecuario para Garantizar la Seguridad Alimentaria ante la Emergencia Nacional y los Efectos de la Misma por la Pandemia.
La diputada Yanci Urbina del FMLN, explicó que la propuesta va enfocada en proteger al sector agropecuario, que se han sido afectados económicamente por no lograr vender sus cosechas, por el incremento de los precios en los insumos agrícolas y por el cierre de centros de comercialización de sus productos debido a la pandemia.
“Esto no viene sólo a beneficiar a los productores, sino a toda la población, porque estamos garantizando la seguridad alimentaria; pero resulta ser que veta esta ley que va para los pequeños, pero al mismo tiempo está negociando con los grandes, los argumentos de inconstitucionalidad que manda el Presidente Bukele, es sólo negar beneficios a los más necesitados”, explicó.
La ley permite la suspensión de tres meses del pago de moras, intereses y capital adeudados a la banca privada o estatal, cooperativas y asociaciones de crédito.
El beneficio abarca para productores pequeños, cadena productiva y cooperativas agropecuarias. Al mismo tiempo se establecen imposibilidades de iniciar procesos judiciales de cobro, de parte de los acreedores. Además apoya una línea de crédito a una tasa de interés máximo del 5%.
Esta última disposición causó una reacción adversa por parte del sector bancario estatal.
El Presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Marco Antonio Aldana, dijo que establecer vía decreto legislativo una tasa de interés del 5% para el rubro agropecuario, pondría en desequilibrio financiero a la banca.
“En palabras sencillas, nuestros ingresos serían menores que nuestros costos de operación y eso nos llevaría a un quiebre bancario, y a la larga sería perjuicioso para el sector agropecuario”, destacó Aldana.
El banco financia –según cifras oficiales- el 36% de la cartera agropecuaria del país y 98% de la cartera de granos básicos, financiada con los saldos depositados de los propios agricultores. “Si el Banco deja de funcionar todo ese crédito no llegaría al pequeño productor, porque las tasas de interés que manejamos son en beneficio a ellos”.
Aldana manifestó que el decreto mandata un procedimiento que el BFA ya está implementando, en el sentido de prórrogas de pago a préstamos, y contemplados en el Decreto Legislativo 593.
“Ya lo hemos hecho en por lo menos 10,000 productores, con una cartera de $28 millones”, añadió.
Por su parte el Presidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Juan Pablo Durán, lamentó que los parlamentarios hayan emitido el decreto y que hayan superado el veto presidencial.
El funcionario aseveró que tal iniciativa es “inaplicable”.
“La forma que fue gestionado, discutido y aprobado es absolutamente controversial y hasta cierto grado contradictoria, si por decreto, se nos ordena a la banca estatal que podamos crear líneas con una tasa específica y que lo resolvamos en un tiempo determinado, obviamente nos están dando una instrucción inaplicable”, explicó.
Durán explicó el viernes, que los fondos con los que cotiza los créditos, no es dinero público “y al contrario es un porcentaje muy mínimo que el Estado tiene invertido en la banca estatal”.
“Tenemos que responder a acreedores de fondos o en algunos casos, como los compañeros del Banco de Fomento y Banco Hipotecario a depositantes que confían en ellos”.
En consecuencia, dijo Durán, la propuesta fue aprobada a espaldas de la banca estatal y se superó sin consulta técnica.
Por ello, Durán y Aldana dijeron que en los próximos días presentarán un plan de fideicomiso para los agricultores que incluyen medidas integrales al sector, además que presentarán un plan de seguridad alimentaria.
